Contratación discrecional y preescolar improvisado: las políticas que amenazan la educación inicial
En el año 2026, Colombia enfrenta el punto más crítico de dos políticas gubernamentales que están deteriorando significativamente la calidad de la educación inicial. Por un lado, la discrecionalidad en la selección de operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la atención a la primera infancia, y por otro, la transferencia del preescolar desde los tres años a la órbita del Ministerio de Educación, sin que las instituciones educativas cuenten con la preparación necesaria.
La contratación directa: un billón de pesos en juego
Las razones detrás de estas decisiones son fundamentalmente políticas e ideológicas. En tiempos de afanes electorales, el gobierno evitó realizar convocatorias generales y optó por la invitación directa para la contratación de operadores en primera infancia. Esta práctica se ha beneficiado de una excepción legal de la que goza el ICBF frente a la ley de garantías.
¿A quiénes se invitó a participar en este proceso? Para entender el contexto, debemos remitirnos a columnas de opinión de hace dos años que ya advertían sobre los riesgos de "democratizar" la contratación a costa de dañar la atención a la primera infancia. En aquel momento, el ICBF se proponía que el 75% de los operadores fueran "organizaciones de base", incluyendo asociaciones de madres comunitarias, grupos étnicos y asociaciones campesinas, entre otros.
La idoneidad para prestar el servicio de educación inicial no ha sido el criterio principal en estas decisiones. Para 2026, las autoridades se desprendieron incluso de las apariencias y realizaron convocatorias exclusivamente para organizaciones campesinas. Considerando que los contratos se extienden hasta junio o julio, fácilmente se asignaron alrededor de un billón de pesos, lo que representa aproximadamente la mitad del presupuesto total de cuatro billones destinado a este sector.
El preescolar improvisado: una transferencia problemática
La segunda política cuestionable es la transferencia del preescolar desde los tres años al Ministerio de Educación. Todos saben que un colegio oficial está lejos de poder prestar la calidad de servicio de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), entonces ¿por qué improvisar el preescolar en condiciones deficientes?
Las autoridades parecen creer que con nombrar planta de personal y adaptar baterías sanitarias para los más pequeños ya están listos, a pesar de haber observado el equipo interdisciplinario que requiere un CDI o un Hogar Infantil (HI). Esta visión simplista ignora las complejidades reales de la educación inicial.
Falta de preparación para la reforma institucional
El gobierno actual no está preparado para abordar la conversación sobre la necesaria reforma institucional, la cual debería incluir:
- Una oferta mixta de preescolar de tres años con financiación pública adecuada
- Instituciones de preescolar especializadas, similares a los CDI, pero adscritas a instituciones de educación básica primaria y secundaria para garantizar coherencia en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)
La gradualidad necesaria en esta reforma, orientada hacia una verdadera universalización del preescolar integral, permitiría que los operadores idóneos actuales se consoliden y surjan nuevos actores capacitados. Destruir el capital institucional de la sociedad civil por prejuicios estatizadores es algo que debemos detener urgentemente.
Un reto nacional
Este representa todo un desafío para un país que cambia sus políticas cada cuatro años, que invierte menos en la educación con mayor retorno social y más en aquella con mayor retorno privado. Además, existe un temor cultural a exigir a los profesionales universitarios que, si les va bien en el mercado laboral, devuelvan algo a la sociedad, especialmente a los niños más vulnerables.
La esperanza reside en que el próximo gobierno tome la decisión que evitaron tanto el gobierno de Duque como el de Petro: garantizar estabilidad, idoneidad y remuneración adecuada para los operadores que atienden a la primera infancia, eliminando la politiquería que ha sido denunciada persistentemente por expertos como Jhon Arley Murillo.
Simultáneamente, en un plazo de dos años, debería prepararse la reforma institucional que deje el primer ciclo de educación inicial (hasta los tres años) bajo la responsabilidad del ICBF, y el segundo ciclo (prejardín, jardín y transición, hasta los seis años) en la esfera del Ministerio de Educación, pero con una transición planificada y recursos adecuados.
Esta práctica de contratación discrecional seguramente ayudará electoralmente al gobierno actual, pero está perjudicando gravemente el desarrollo de la primera infancia colombiana, comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones.
