El Gobierno intenta justificar técnicamente el aumento del salario mínimo con un decreto cuestionado
El Decreto 0159 del 20 de febrero representa la respuesta oficial del Gobierno Nacional al llamado de atención del Consejo de Estado, que exigió una fundamentación técnica para el incremento del 23,7 % en el salario mínimo. Sin embargo, las justificaciones presentadas en el documento distan considerablemente de ser técnicamente correctas o convincentes para los expertos en economía.
Un análisis técnico confuso y con errores metodológicos
Después de casi cincuenta párrafos de considerandos, muchos de ellos considerados impertinentes, el decreto examina cinco variables técnicas que supuestamente deberían influir en la decisión:
- Inflación
- Productividad
- Contribución de los salarios a la variación del ingreso nacional
- Contribución de los salarios a la variación del ingreso nacional mixto ponderado
- Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
El documento procede a sumar estas cinco variables, obteniendo un total de 13,6 puntos porcentuales. Cualquier economista con conocimiento especializado reconocería inmediatamente que esta metodología carece de sentido, ya que algunas variables ya están contenidas dentro de otras. Por ejemplo, la productividad forma parte inherente del crecimiento del PIB, por lo que sumarlas constituye un error conceptual fundamental.
Un lenguaje enrevesado que oculta la verdadera intención
Incluso con esta suma cuestionable, el resultado de 13,6% sigue siendo inferior al 23,7% deseado. Es en este punto donde el decreto introduce un párrafo particularmente confuso:
"Que la ponderación no se expresa como una afirmación genérica de equilibrio entre variables, sino como una estructura de decisión en la que existe un piso de preservación del poder adquisitivo, se integran componentes reales y distributivos (como productividad y contribución salarial), se verifica consistencia macroeconómica (PIB) y se incorpora un componente de mejora material asociado a suficiencia o cierre progresivo de brecha, permitiendo identificar con claridad el peso funcional y la incidencia cuantitativa de cada criterio dentro del porcentaje adoptado".
Este lenguaje, que algunos califican como galimatías económico, sirve como puente argumentativo para llegar al verdadero objetivo del decreto: sustentar que el único criterio que realmente importa es el "salario vital", según la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Curiosamente, es aquí donde finalmente se presenta una explicación técnicamente aceptable para alcanzar el porcentaje deseado del 23%.
Un debate que trasciende lo técnico
Sería absurdo que el Consejo de Estado aceptara este decreto como una justificación técnica válida. Tampoco debería perder tiempo intentando descifrar párrafos confusos para luego debatirlos con criterios jurídicos. Este episodio revela una problemática más profunda: exigir criterios técnicos en procesos jurídicos requiere que las partes involucradas posean la experticia necesaria o consulten a quienes la tienen.
Sin embargo, incluso esta solución sería deficiente, ya que las decisiones jurídicas finales no pueden recaer exclusivamente en técnicos. Esto nos lleva a una conclusión fundamental: los economistas se han equivocado al pretender que discusiones de naturaleza política, con profundas implicaciones distributivas, se resuelvan únicamente con criterios técnicos.
En el debate sobre el salario mínimo, es deseable que los argumentos técnicos formen parte del arsenal de empresarios, trabajadores y el Gobierno, pero carece de sentido pretender que la decisión final se base exclusivamente en una fórmula matemática. La determinación del salario mínimo es, en esencia, una decisión política con dimensiones técnicas, no un ejercicio puramente técnico.
Este caso particular del Decreto 0159 ilustra perfectamente cómo la justificación del salario mínimo trasciende lo meramente técnico, involucrando consideraciones sociales, políticas y económicas que no pueden reducirse a simples cálculos estadísticos.
