Minas antipersona: el terror que resurge en los campos colombianos
Colombia conoce ese miedo de manera íntima. Lo ha sentido bajo sus pies, lo ha padecido en carne propia. Un solo paso en el lugar incorrecto puede cambiar una vida para siempre, dejando secuelas físicas y emocionales imborrables. Tras el histórico proceso de paz con las Farc, el país avanzó significativamente hacia la erradicación de uno de los símbolos más crueles y despiadados de la guerra: las minas antipersonal.
Sin embargo, en los últimos años, ese progreso ha comenzado a mostrar señales inquietantes de retroceso. La historia del soldado Jhon Freddy Borrero, quien perdió su pie tras pisar un artefacto explosivo en el departamento del Meta, no es simplemente un testimonio del pasado bélico. Se ha convertido, lamentablemente, en una advertencia vigente y actual.
Un repunte alarmante de víctimas
Mientras Colombia celebraba los logros del desminado humanitario posterior al Acuerdo de Paz de 2016, las nuevas dinámicas del conflicto y la proliferación de grupos armados ilegales han llevado a que estas bombas mortales vuelvan a enterrarse en territorios rurales. Las cifras oficiales son elocuentes: más de 12.600 víctimas desde 1990.
Aunque tras el acuerdo con las Farc se registró una reducción significativa, desde 2021 se observa un repunte sostenido y preocupante. La mayoría de las víctimas, de manera alarmante, son civiles inocentes. Solo en 2024, se documentaron casi mil incidentes relacionados con minas antipersonal y municiones sin explotar.
El aumento constante de víctimas, incluyendo un número creciente de niños y adolescentes, confirma que no se trata de episodios aislados o casuales, sino de una tendencia peligrosa que amenaza a comunidades enteras.
La mutación de una amenaza
El problema actual no es solamente cuantitativo. Las minas antipersonal nunca desaparecieron completamente del territorio nacional, pero su uso ha experimentado una transformación preocupante. Ya no funcionan exclusivamente como un recurso de contención frente a la Fuerza Pública.
Se han convertido en herramientas de disputa territorial entre grupos armados ilegales que compiten ferozmente por el control de economías ilícitas, particularmente el narcotráfico y la minería ilegal. A esta situación se suma una variable tecnológica moderna y peligrosa: el uso de drones para lanzar explosivos, algunos de los cuales no detonan y permanecen activos en campos y veredas.
El resultado es un escenario más impredecible, más difuso y considerablemente más peligroso para la población civil. Comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y niños que caminan hacia la escuela se han convertido nuevamente en potenciales víctimas de este enemigo invisible y letal.
Regiones en alerta máxima
En regiones como el Catatumbo, el Cauca o diversas zonas del sur del país, las alertas por presencia de minas antipersonal son constantes y crecientes. Incluso en departamentos como el Valle del Cauca, donde el desminado humanitario había permitido recuperar territorios para la vida cotidiana y productiva, se reporta la reaparición de artefactos explosivos.
En municipios como Jamundí y Dagua, las operaciones de desminado se han visto suspendidas repetidamente por falta de garantías de seguridad para los equipos humanitarios. Este retroceso no puede interpretarse únicamente como una consecuencia colateral del recrudecimiento del conflicto armado y el fortalecimiento de las disidencias.
Representa también un fracaso en la capacidad del Estado y de los actores armados en negociación para respetar mínimos humanitarios básicos. Además, constituye un revés significativo para la política de Paz Total promovida por el presidente Gustavo Petro.
Violación flagrante del derecho humanitario
Las minas antipersonal están prohibidas de manera explícita por el Derecho Internacional Humanitario precisamente porque no distinguen entre combatientes y civiles. Su uso sistemático y generalizado representa una violación flagrante de estos principios fundamentales.
Pero más allá de la dimensión jurídica, existe una dimensión ética que Colombia no puede ignorar ni minimizar. Una mina antipersonal cuesta menos de 20 mil pesos colombianos. Sus efectos, en cambio, son absolutamente incalculables: amputaciones traumáticas, discapacidades permanentes, traumas psicológicos profundos, desplazamientos forzados, economías rurales paralizadas y comunidades enteras confinadas por el miedo constante.
Un retroceso inaceptable
Colombia no puede permitirse normalizar este regreso peligroso. No puede aceptar pasivamente que los logros del desminado humanitario -que devolvieron tierras fértiles, caminos transitables y fuentes de agua a miles de familias campesinas- se diluyan gradualmente en medio de nuevas disputas armadas.
Tampoco puede resignarse a que la guerra vuelva a instalarse de manera permanente en la zona rural, sembrando terror entre quienes solo buscan vivir en paz y cultivar sus parcelas. El país ya conoce demasiado bien lo que significa caminar con el corazón en la mano, mirando cada paso con temor. Volver a esa realidad oscura y traumática simplemente no puede ser una opción para una nación que ha luchado tanto por la paz.
