Defensoría del Pueblo advierte sobre graves riesgos en la atención en salud para población carcelaria
La Defensoría del Pueblo ha manifestado una profunda preocupación ante la decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad de implementar un esquema de operador único, que ahora recaerá sobre la Nueva EPS para la prestación de servicios de salud. Esta transición afectaría directamente a más de 100.000 personas privadas de la libertad en todo el territorio nacional, quienes dependen completamente del Estado para la garantía de sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la salud.
Contexto de alerta y fundamentos de la preocupación
La alerta emitida por la Defensoría se sustenta en varios factores críticos. En primer lugar, se destaca la compleja situación financiera, administrativa y operativa que atraviesa la Nueva EPS, situación que ha sido advertida previamente por la Procuraduría General de la Nación tras dos años de intervención en la entidad. Además, durante el año 2025 se registró un elevado número de acciones de tutela interpuestas en contra de esta EPS, lo que evidencia deficiencias recurrentes en su gestión.
Este contexto genera una incertidumbre significativa sobre la capacidad real de la Nueva EPS para asumir la atención en salud de la población carcelaria, especialmente dentro de un sistema penitenciario que ya ha sido objeto de múltiples llamados de atención por parte de la Corte Constitucional. El alto tribunal ha declarado en cuatro oportunidades el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario, específicamente en las sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022, debido a fallas estructurales persistentes en la garantía del derecho fundamental a la salud.
Falta de estudios técnicos y planificación adecuada
La Defensoría ha enfatizado que cualquier proceso de transición hacia un nuevo operador de salud debe estar respaldado por estudios técnicos suficientes que garanticen la continuidad asistencial y una planeación adecuada. El objetivo principal es evitar interrupciones en tratamientos médicos, en el suministro regular de medicamentos y en la oportunidad de la atención, así como prevenir riesgos de contravenir la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que prohíbe expresamente retrocesos en la garantía del derecho a la salud.
Desde el mes de enero, la Defensoría solicitó formalmente ser invitada al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para aportar al proceso de toma de decisiones, a través de sus delegadas para la Política Criminal y Penitenciaria y para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social. Sin embargo, pese a haber remitido la justificación correspondiente, la entidad asegura que hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna por parte de las autoridades competentes.
Medidas urgentes solicitadas por la Defensoría
En su calidad de entidad líder en el seguimiento al estado de cosas inconstitucional, la Defensoría instó a las autoridades competentes a adoptar una serie de medidas inmediatas para garantizar la prestación continua y sin interrupciones del servicio de salud durante todo el proceso de transición. Entre las solicitudes más relevantes se encuentran:
- Garantizar la continuidad del servicio por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
- Presentar y socializar los estudios técnicos, jurídicos, financieros y operativos que sustentan el modelo de operador único, a cargo del Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud y Uspec.
- Divulgar el plan de red integral de prestadores y la relación de contratos que permitan verificar la capacidad instalada, responsabilidad de Uspec, Ministerio de Salud y Nueva EPS.
- Diseñar y socializar un plan de transición detallado con cronograma, responsables y mecanismos de seguimiento efectivos.
- Fortalecer los mecanismos de supervisión con indicadores públicos y verificables.
- Habilitar canales de información claros y transparentes para las personas privadas de la libertad, sus familias y organizaciones civiles.
- Garantizar la participación efectiva de veedurías ciudadanas y organizaciones especializadas en el proceso.
Compromiso de la Defensoría y advertencia final
La Defensoría del Pueblo advirtió de manera contundente que activará todos los mecanismos de su competencia cuando se identifiquen riesgos de vulneración o interrupción del derecho fundamental a la salud de esta población vulnerable. Reiteró su compromiso inquebrantable con la protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, subrayando que la humanización del sistema penitenciario exige una garantía efectiva, oportuna, integral y de calidad del derecho a la salud.
Esta situación pone en evidencia la urgente necesidad de coordinación interinstitucional y de transparencia en los procesos que afectan a poblaciones en condiciones de especial vulnerabilidad, donde cualquier falla en la prestación de servicios de salud puede tener consecuencias irreparables.
