Indígenas y campesinos toman el control del Tayrona en demanda de coadministración
En una acción sin precedentes, comunidades indígenas kogui y campesinas se tomaron las entradas del Parque Nacional Natural Tayrona durante las primeras horas de la mañana, estableciendo sus propias taquillas y cobrando directamente a los turistas que llegaban al lugar. La medida se produce en medio del cierre indefinido anunciado por Parques Nacionales Naturales, que había justificado la decisión por "condiciones de riesgo público" y falta de garantías para operarios y visitantes.
Una toma pacífica con exigencias concretas
Los líderes comunitarios, acompañados por autoridades indígenas, mantuvieron una presencia organizada en las principales entradas del parque, permitiendo el ingreso de visitantes mientras recaudaban los valores correspondientes. "No nos vamos a retirar hasta que el Ministerio de Ambiente y la dirección del parque se reúna con nosotros", declaró Atanasio Moscote, gobernador del Cabildo Kogui del Magdalena, desde uno de los puntos de acceso tomados.
La acción contó con presencia de la Policía y el Ejército, pero no hubo intervención efectiva para desalojar a los manifestantes. Los líderes describieron la toma como una medida pacífica pero contundente, destinada a visibilizar sus demandas históricas de participación en la gestión del territorio.
El reclamo central: coadministración real, no simbólica
La exigencia principal de las comunidades es una coadministración efectiva del parque entre indígenas, campesinos y Parques Nacionales Naturales. Según los manifestantes, no se trata de una participación simbólica, sino de capacidad real de decisión sobre aspectos fundamentales como:
- El manejo del destino turístico
- La distribución de beneficios económicos derivados del turismo
- La conservación del territorio ancestral
- El desarrollo de infraestructura y servicios
El detonante inmediato de la protesta fue la demolición de estructuras que las comunidades habían construido para prestar servicios turísticos y generar ingresos propios. "Eso fue lo que nos hizo cansarnos de los atropellos", explicó Moscote, señalando que mantendrán la posición hasta que se reconozcan sus derechos sobre el territorio.
Un conflicto con raíces históricas profundas
La tensión actual tiene antecedentes que se remontan a la creación misma del parque en 1964. Lerber Dimas, defensor de derechos humanos consultado, recordó que el territorio "no era baldío" cuando fue declarado parque nacional, pues ya existían comunidades indígenas, campesinas, pescadoras y propiedades privadas con títulos antiguos.
Norma Vera, otra defensora de derechos humanos, añadió que el Tayrona se encuentra sobre la Línea Negra, territorio de significado espiritual para pueblos indígenas, donde el turismo masivo convive con rituales y pagamentos tradicionales. Para ella, el modelo actual de administración no ha garantizado compensaciones proporcionales para los pueblos originarios.
Impacto económico en Santa Marta y la región
Mientras se desarrolla el conflicto, el sector turístico enfrenta incertidumbre significativa. Analistas estiman que para 2026, Santa Marta podría recibir más de un millón de visitantes y generar cerca de $510.000 millones en circulación económica anual, con el Tayrona funcionando como "ancla" que atrae entre el 60% y 70% del turismo regional.
Omar García, presidente de Cotelco en Magdalena, advirtió sobre las consecuencias económicas: "El Tayrona no es solo un destino turístico… muchas familias dependen de la operación del parque". Según proyecciones, un cierre prolongado pondría en riesgo aproximadamente $330.000 millones anuales en actividad económica, afectando principalmente a:
- Guías turísticos y transportadores
- Restaurantes y establecimientos de hospedaje
- Vendedores informales y pequeños comerciantes
- Operadores turísticos con paquetes ya vendidos
Un parque abierto con institucionalidad en pausa
La paradoja actual muestra un Tayrona operativo pese al cierre oficial, administrado directamente por las comunidades que históricamente han habitado el territorio. Los kogui y campesinos no solo protestan, sino que han asumido funciones administrativas concretas, estableciendo un precedente que cuestiona el modelo de gobernanza actual.
La pregunta central ya no es si el parque permanecerá abierto o cerrado, sino quién tendrá la autoridad para decidir sobre su futuro, bajo qué reglas y en beneficio de qué actores. En un territorio donde convergen historia ancestral, turismo masivo, reclamos sociales y amenazas de grupos armados, cualquier solución que ignore a alguno de los involucrados podría profundizar la crisis existente.
Como resume Darío Mosquera, representante de guías turísticos en Santa Marta, la situación afecta "directamente" la economía local, por lo que exigen una intervención gubernamental pronta que evite daños mayores al tejido social y económico de la región.
