Seis centros de pensamiento presentan hoja de ruta para reactivar el crecimiento económico de Colombia
En un contexto marcado por alta incertidumbre económica y señales de desaceleración estructural, seis centros de pensamiento colombianos han dado un paso inusual en el debate público nacional. Más allá de los tradicionales diagnósticos aislados, estas instituciones han construido una hoja de ruta común con propuestas concretas para el periodo 2026-2030, orientadas específicamente a destrabar el crecimiento económico y social del país.
Del diagnóstico a la acción: una premisa clara
El ejercicio parte de una premisa fundamental: "pasar del diagnóstico a la acción". Los centros de pensamiento destacan que el próximo gobierno no tendrá un camino fácil, por lo que se requiere de las ideas de todos quienes puedan aportar soluciones para impulsar el desarrollo nacional y regional.
La iniciativa reúne visiones técnicas que convergen en un punto crucial: el modelo de crecimiento actual muestra signos evidentes de agotamiento. Durante los últimos años, la economía colombiana se ha sostenido principalmente en el consumo de los hogares y el gasto público, mientras que la inversión privada ha perdido dinamismo de manera preocupante.
Inversión y confianza: pilares fundamentales
Para estos centros de pensamiento, esta combinación no es sostenible en el mediano plazo y exige decisiones estructurales inmediatas. Su diagnóstico parte de un hecho incontrovertible: sin inversión no hay crecimiento duradero. La formación bruta de capital sigue rezagada frente a los niveles prepandemia, lo que limita severamente la productividad y el empleo formal en el país.
El foco principal está en recuperar la confianza empresarial y enviar señales claras de estabilidad jurídica y regulatoria que permitan reactivar los proyectos de inversión. Los expertos coinciden en que el marco regulatorio actual representa un cuello de botella para la competitividad, caracterizado por:
- Complejidad excesiva
- Fragmentación normativa
- Altos costos de cumplimiento
El documento plantea la necesidad de transitar hacia un "Estado regulador basado en riesgo", que reemplace controles ex ante por esquemas de supervisión ex post, apoyados en información y datos interoperables. Para lograrlo, proponen:
- Simplificar trámites administrativos
- Eliminar duplicidades regulatorias
- Avanzar en una depuración normativa que reduzca la carga sobre empresas y emprendedores
Fortalecimiento del sistema financiero
El fortalecimiento del sistema financiero aparece como otro eje central de la hoja de ruta. Los centros identifican que la baja penetración del crédito formal, el uso intensivo de efectivo y las restricciones regulatorias -como el esquema de la tasa de usura- limitan significativamente el acceso al financiamiento y empujan a amplios sectores hacia mecanismos informales.
Las propuestas específicas en este ámbito incluyen:
- Modernizar sistemas de pago
- Avanzar en esquemas de datos abiertos
- Crear condiciones para que más empresas accedan al mercado de capitales
El objetivo final es canalizar el ahorro hacia inversión productiva y reducir la dependencia de fuentes de financiamiento de corto plazo.
Alertas energéticas y sectoriales
El documento identifica sectores críticos que pueden convertirse en puntos de quiebre si no se corrigen oportunamente. El caso más sensible es el energético, donde se evidencian:
- Riesgos de estrechez en la oferta de energía firme
- Caída en las reservas de gas natural
- Retrasos significativos en proyectos de transmisión
A esto se suma el deterioro financiero del sector y la acumulación de pasivos públicos. Sin correcciones inmediatas, el riesgo de una crisis energética es real a partir de 2026.
La transición energética ocupa un lugar relevante en el análisis, aunque los centros coinciden en que avanzar en este proceso requiere:
- Orden fiscal sólido
- Señales claras para la inversión
- Una visión realista de los tiempos y costos involucrados
Crisis en el sector salud
El sector salud aparece como prioritario en la hoja de ruta, reconociéndose una crisis financiera profunda marcada por problemas de liquidez y deterioro patrimonial de los aseguradores, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios médicos.
En este contexto, la recomendación principal es "estabilizar antes de reformar". Cualquier transformación del sistema debe partir de la recuperación de la confianza institucional y del flujo oportuno de recursos.
Seguridad como variable económica
Los centros de pensamiento enfatizan que la seguridad y el Estado de derecho son variables económicas fundamentales. La pérdida de control territorial, la inseguridad ciudadana y la incertidumbre jurídica afectan directamente la inversión y el desarrollo regional.
Por esta razón, la hoja de ruta plantea fortalecer las capacidades del Estado para:
- Garantizar seguridad en todo el territorio
- Proteger la actividad productiva
- Reducir los costos económicos asociados a la violencia
Propuestas concretas y alcance social
En el ámbito social, los expertos enfatizan que un mayor crecimiento -impulsado por inversión y productividad- es la condición necesaria para reducir pobreza, informalidad y desigualdad de manera sostenible. El énfasis está en crear oportunidades productivas formales, más que en expandir esquemas de gasto que no cuenten con respaldo fiscal permanente.
Entre las propuestas concretas más destacadas se encuentran:
- Eliminación del impuesto 4x1000
- Inclusión de formación y educación financiera en el Plan Nacional de Desarrollo
- Modificación del régimen cambiario
- Reforma del estatuto aduanero
- Descongestión de trámites en el Invima
Participantes y alcance de la iniciativa
La alianza comenzó a tomar forma a comienzos de 2025 entre seis instituciones especializadas:
- Consejo Privado de Competitividad
- Centro de pensamiento económico ANIF
- Centro Regional de Estudios de Energía (CREE)
- Así Vamos en Salud
- Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC)
- Fundación para el Estado de Derecho (FEDe)
Los centros de pensamiento cerraron su presentación aclarando que la hoja de ruta no pretende sustituir el debate político ni imponer una visión única de país. Su objetivo fundamental es reducir la improvisación y elevar la calidad de las decisiones públicas, trasladando la discusión del "qué hacer" al "cómo y cuándo hacerlo", reconociendo que la confianza es el principal insumo del crecimiento económico sostenible.
