Gobierno colombiano desafía sistemáticamente las instituciones democráticas
Durante estos casi cuatro años de administración, los ciudadanos colombianos hemos sido testigos de cómo el presidente de la República y varios de sus ministros, encabezados por el ministro del Interior, han emprendido una ofensiva constante contra diferentes instituciones que conforman el sistema de pesos y contrapesos esencial para cualquier democracia.
Patrón recurrente de desacato institucional
Este comportamiento no ha sido un hecho aislado, sino que se ha repetido en múltiples ocasiones cuando el gobierno ha sufrido derrotas en diferentes instancias. Cada vez que pierde una batalla en el Congreso, en las cortes, en el Consejo de Estado o, más recientemente, en la Junta del Banco de la República, intenta por la puerta de atrás saltarse la institucionalidad establecida.
El primer episodio significativo ocurrió cuando la Corte Constitucional tumbó varios artículos de su primera reforma tributaria, conocida como la reforma de Ocampo. En respuesta, el gobierno utilizó declaratorias de emergencia económica y conmoción interior, justificadas por la difícil situación de orden público en la región del Catatumbo y por condiciones climáticas en Córdoba, para reintroducir algunos artículos que le permitieran recuperar el recaudo perdido.
El Congreso y la reforma a la salud
El desafío a la institucionalidad también ha afectado directamente al poder legislativo. El Congreso no ha aprobado buena parte de las reformas propuestas por el gobierno porque en los debates no se han logrado las mayorías necesarias. Esto fue particularmente evidente con la reforma a la salud, cuando el gobierno no pudo justificar adecuadamente su conveniencia.
A pesar de esta falta de aprobación legislativa, mediante decretos presidenciales se ha ido introduciendo poco a poco la reforma de manera irregular, violentando claramente las competencias exclusivas del poder legislativo establecidas en la Constitución.
Los nombramientos cuestionados
El Consejo de Estado ha tumbado en varias ocasiones los nombramientos de algunos miembros del gabinete gubernamental, ya sea porque no se cumplían las cuotas de género establecidas por ley, o porque el funcionario designado no contaba con la preparación suficiente para el cargo.
El caso más reciente fue el de la Superintendente de Industria y Comercio, cuyo nombramiento fue anulado por dicho Consejo. Sorprendentemente, apenas una semana después de esta decisión judicial, el presidente estaba firmando un nuevo decreto con el mismo nombramiento, desafiando abiertamente el fallo del Consejo de Estado.
La crisis en el Banco de la República
Lo ocurrido en la más reciente sesión de la Junta Directiva del Banco de la República representa la culminación de este patrón de comportamiento. El ministro de Hacienda anunció que rompía relaciones con la junta, de la cual es su presidente por ley, y declaró que no volvería a asistir a las reuniones.
Esta decisión afecta no solo la independencia técnica del Banco de la República, sino que pone en riesgo la posibilidad misma de que la junta pueda seguir sesionando durante lo que resta del actual gobierno, pues la presencia del ministro de Hacienda es obligatoria para la validez de sus decisiones.
Un gobierno que no acepta derrotas
La administración actual ha demostrado ser un mal perdedor que ve al sistema de pesos y contrapesos como un enemigo. Cuando las instituciones cumplen su función de control, el gobierno las tacha de uribistas o duquistas, responsabilizando siempre a los gobiernos anteriores de sus propios fracasos.
Lo que estamos presenciando es un ataque sistemático a la institucionalidad del país sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Este ataque, según analistas, se utiliza con fines electorales claros para seguir fortaleciendo la posición de su candidato de izquierda, utilizando la confrontación institucional como herramienta política.
El patrón es preocupantemente claro: cada vez que una institución democrática ejerce su función de control sobre el poder ejecutivo, este responde con medidas que buscan debilitar o eludir dicha institución, creando un peligroso precedente para el futuro de la democracia colombiana.
