Juez administrativo sanciona al presidente Petro con multa económica por incumplimiento
En un fallo que marca un precedente significativo, el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá ha declarado en desacato al presidente de la República, Gustavo Petro, e impuesto una sanción económica por incumplir una orden judicial de retractación relacionada con declaraciones públicas contra el fiscal Mario Burgos. La decisión, conocida inicialmente por Noticias RCN, se produce tras el análisis del cumplimiento de una sentencia de tutela emitida en agosto de 2025.
Origen del conflicto: declaraciones sobre investigaciones que involucran a Nicolás Petro
El litigio entre el mandatario y el fiscal se centra en la afectación al buen nombre y la honra de Mario Burgos, quien estuvo a cargo de investigaciones que involucraron a Nicolás Petro Burgos, hijo del jefe de Estado. El caso se remonta a una serie de intervenciones realizadas por el presidente Petro entre febrero y agosto de 2025, tanto en actos públicos como en su cuenta de la red social X.
En esas declaraciones, el mandatario señaló que el fiscal Burgos habría excluido del expediente de investigación por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci a un hombre identificado como Sebastián Marset, vinculándolo además con supuestas estructuras del narcotráfico. El juzgado determinó que tales afirmaciones no estaban respaldadas por una sentencia judicial condenatoria y, por tanto, vulneraban el derecho al buen nombre del funcionario, ordenando una retractación expresa y clara que no fue cumplida.
Detalles de la sanción impuesta al presidente
La multa impuesta al presidente Petro asciende a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $8.754.525, según la valoración establecida. Esta sanción económica deberá ser consignada en un plazo perentorio de tres días hábiles, bajo pena de incurrir en nuevas consecuencias jurídicas.
Sin embargo, el juez administrativo adoptó decisiones adicionales en su fallo:
- Negó la solicitud de arresto presentada por la contraparte, considerando que la multa económica era suficiente para el caso.
- Descartó la compulsa de copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, limitando así las repercusiones políticas inmediatas.
Este caso subraya la importancia del respeto a las órdenes judiciales por parte de las más altas autoridades del Estado, incluso cuando involucran figuras de máximo nivel en el gobierno nacional. La resolución judicial enfatiza que ningún funcionario, independientemente de su cargo, está por encima del cumplimiento de las decisiones de los tribunales, especialmente en materia de protección de derechos fundamentales como el buen nombre y la honra.
