El cuestionamiento presidencial al sistema electoral genera alarma institucional
En momentos cruciales para la democracia, el silencio puede resultar más útil y responsable que las palabras. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha optado por una ruta diferente, generando preocupación en diversos sectores políticos y sociales de Colombia.
Lo que el mandatario está realizando con el sistema electoral colombiano trasciende una simple crítica política; representa una siembra deliberada de desconfianza desde la posición más alta del poder ejecutivo. Se trata de una sombra proyectada sobre los procesos electorales incluso antes de que estos ocurran, una actitud calificada como profundamente irresponsable por analistas y defensores de la democracia.
Acusaciones sin fundamento y doble moral institucional
El presidente Petro ha mencionado posibles fraudes sin presentar pruebas concretas, ha sugerido manipulaciones sin activar los canales institucionales establecidos y ha cuestionado la transparencia del sistema sin acudir a las autoridades judiciales competentes. Esta conducta, según expertos constitucionales, no representa un control democrático legítimo, sino más bien una presión política de alto nivel.
No se trata de vigilancia institucional, sino de una erosión calculada de la confianza pública en las entidades electorales, advierten observadores políticos. Cuando el presidente de la República pone en duda la imparcialidad del árbitro electoral, no está emitiendo un mensaje neutro: está preparando psicológicamente a su base de apoyo para desconfiar de cualquier resultado que no le favorezca, debilitando así el terreno común sobre el cual se sostiene la democracia colombiana.
La situación adquiere mayor gravedad al considerar una aparente incoherencia histórica: el mismo sistema electoral que hoy desacredita el presidente Petro fue el que contó sus votos cuando llegó al Congreso, el que validó su elección como alcalde de Bogotá y el que certificó su triunfo en las elecciones presidenciales. En aquellos momentos de victoria, no hubo denuncias estructurales desde la Casa de Nariño ni narrativas oficiales cuestionando la legitimidad del proceso.
La peligrosa lógica de la conveniencia institucional
Esta doble vara de medición resulta inaceptable para el sistema democrático, señalan constitucionalistas. No se puede gobernar bajo la lógica de que las instituciones son confiables cuando favorecen al gobernante de turno y corruptas cuando no lo hacen. Tampoco se puede exigir respeto por la voluntad popular mientras se dinamita el mecanismo que la expresa de manera transparente.
La democracia profunda que pregona el gobierno no puede coexistir con la instalación de sospechas sin sustento probatorio. Si existen pruebas concretas de fraude electoral, estas deben presentarse inmediatamente ante las autoridades competentes:
- Ante la Fiscalía General de la Nación
- Ante los jueces especializados en materia electoral
- Ante los órganos de control establecidos por la Constitución
Que sean estas instancias las que investiguen y procedan conforme a la ley, no el presidente emitiendo juicios anticipados para movilizar a su base política. Repetir sospechas sin evidencia, con sesgo ideológico y con todo el poder del Estado en las manos, representa jugar con fuego en un país que conoce demasiado bien las consecuencias de la deslegitimación política.
La responsabilidad presidencial frente a las instituciones
Colombia no necesita un presidente que actúe como candidato permanente, sino un mandatario que comprenda el peso específico de sus palabras y mida el impacto institucional de cada acusación pública. Se requiere un líder que proteja la arquitectura democrática incluso cuando esta no le garantice un futuro político cómodo.
Ningún proyecto político, por transformador que se autoproclame, tiene derecho a poner en riesgo las bases democráticas por cálculo estratégico o por miedo a posibles derrotas electorales. La democracia no es un instrumento que se usa y descarta según la conveniencia del momento, sino un pacto colectivo que hoy, desde el poder ejecutivo, se está tensionando peligrosamente.
El llamado final es claro: respetar las instituciones que hicieron presidente a Gustavo Petro, respetar a los ciudadanos que votan creyendo en el valor de su sufragio y, sobre todo, actuar con la responsabilidad histórica que exige el cargo más alto de la nación. Sembrar dudas sin pruebas concretas no constituye valentía política, sino una irresponsabilidad que podría tener consecuencias duraderas para la estabilidad democrática de Colombia.
