Asocapitales expresa alarma por elevadas tasas de liberación tras capturas en ciudades capitales
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, conocida como Asocapitales, ha manifestado una profunda preocupación ante los altos porcentajes de personas capturadas que recuperan su libertad en las principales urbes del territorio nacional. Esta situación persiste a pesar del incremento sostenido en operativos de seguridad y los considerables esfuerzos presupuestales destinados a esta materia por parte de las administraciones locales.
Cifras que evidencian un esfuerzo operativo, pero también un problema estructural
De acuerdo con los datos proporcionados por la entidad, durante el año 2025 las capitales del país registraron un total de 104.858 capturas realizadas por la Policía Nacional. Esta cifra, según Asocapitales, demuestra un esfuerzo operativo sostenido y comprometido en materia de seguridad y control del delito. No obstante, la asociación advierte con preocupación que una proporción significativa de estos individuos detenidos quedó en libertad poco tiempo después de su captura, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad del proceso judicial posterior.
En Bogotá, la situación es particularmente crítica, ya que el 94% de las personas capturadas en flagrancia durante 2025 recuperaron su libertad. En Barranquilla, el porcentaje alcanzó el 80%, indicando un patrón preocupante que se repite en varias regiones.
Desglose de capturas por ciudad durante 2025
En términos absolutos, las principales ciudades reportaron las siguientes cifras de capturas:
- Bogotá: 34.270
- Medellín: 12.222
- Cali: 6.889
- Cartagena: 5.523
- Barranquilla: 5.262
- Villavicencio: 4.973
- Bucaramanga: 4.433
- Pasto: 3.605
- Pereira: 2.900
- Cúcuta: 2.873
- Popayán: 2.142
- Manizales: 2.139
- Ibagué: 1.990
- Neiva: 1.776
- Armenia: 1.616
- Santa Marta: 1.593
- Valledupar: 1.558
- Montería: 1.363
- Tunja: 1.055
Un problema que va más allá de las cifras
Para Asocapitales, estas estadísticas no solo reflejan el considerable esfuerzo operativo y presupuestal que realizan los gobiernos locales en coordinación con la Policía Nacional, sino que también evidencian un problema estructural en la articulación entre la labor policial y las decisiones judiciales.
"Las ciudades están invirtiendo recursos significativos en seguridad, tecnología, pie de fuerza, cámaras y operaciones conjuntas", explicó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales. "Sin embargo, cuando la mayoría de los capturados recuperan su libertad, se genera un efecto de reincidencia, desmotivación institucional y percepción de impunidad que impacta directamente la confianza ciudadana".
La entidad advirtió que el alto porcentaje de liberaciones no solo afecta negativamente la percepción de seguridad entre los habitantes, sino que incrementa sustancialmente la presión sobre los sistemas locales de vigilancia y control. Esto, a su vez, genera ciclos repetitivos y desgastantes de captura y liberación, minando la eficacia de las estrategias de seguridad pública.
Llamado a la acción y coordinación institucional
Ante este panorama complejo, Asocapitales realizó un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a las altas cortes del país. La solicitud se centra en avanzar hacia una revisión exhaustiva de los criterios de reincidencia, el fortalecimiento de la judicialización efectiva y la implementación de ajustes normativos que permitan una mayor coherencia entre las fases de captura, imputación y medida de aseguramiento.
Además, la asociación pidió priorizar de manera clara y contundente los delitos de alto impacto en contextos urbanos, así como mejorar sustancialmente la articulación y comunicación entre las autoridades locales y el sistema judicial en su conjunto.
"Las capitales del país concentran la mayor dinámica económica, social y poblacional de Colombia", concluyó Santamaría. "Garantizar condiciones de seguridad efectivas no es solo una prioridad territorial, sino un asunto estratégico fundamental para la estabilidad nacional".
Este llamado de atención pone sobre la mesa un debate crucial sobre la eficacia del sistema de justicia penal y su sincronización con los esfuerzos de seguridad ciudadana, un tema que sin duda requerirá atención y acción coordinada en los próximos meses.
