Veedor ciudadano exige investigación disciplinaria contra congresista del Valle del Cauca
Una veeduría ciudadana ha anunciado formalmente que presentará un derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación solicitando la apertura de una investigación contra el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, miembro del partido Alianza Verde. La acción se produce tras un polémico incidente registrado en video dentro de las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca, donde el congresista realizó acusaciones generalizadas de corrupción contra funcionarios departamentales.
Actuación cuestionada en sede gubernamental
Según el veedor ciudadano Angello Vásquez, quien será el encargado de radicar la solicitud, Sánchez llegó a la Gobernación equipado con un megáfono y procedió a calificar públicamente a varios funcionarios como "corruptos" y "ladrones", mientras grababa la escena para su posterior difusión en redes sociales. Sin embargo, Vásquez ha revelado que el material audiovisual compartido omitió deliberadamente momentos cruciales del encuentro.
"Lo que se mostró fue solo una parte selectiva de los hechos", afirmó el veedor, destacando que el video no incluyó la salida de varios funcionarios que exigieron respeto y solicitaron la presentación de pruebas concretas, ni tampoco la disposición demostrada por secretarios de despacho para atender al congresista y acompañarlo formalmente a la Fiscalía si existían denuncias debidamente sustentadas.
Críticas al ejercicio de control político
Vásquez ha sido enfático al señalar que el episodio "no constituyó un ejercicio legítimo de control político", sino más bien una acción calculada para generar impacto mediático en plataformas digitales. Según su análisis, esta conducta derivó en confrontaciones innecesarias, intercambio de insultos y la creación de un ambiente de tensión dentro de una entidad pública que debería funcionar con normalidad institucional.
El veedor ciudadano argumenta que la actuación del congresista promovió activamente "odio y confrontación política" en un contexto nacional ya de por sí complejo, donde recientemente se han registrado:
- Ataques violentos contra escoltas de congresistas
- Amenazas constantes a líderes políticos
- Zonas vedadas para actividad política por presencia de grupos armados
- Muertes directamente relacionadas con procesos electorales
Fundamentos legales de la solicitud
En el derecho de petición que será formalmente presentado, la veeduría solicita específicamente a la Procuraduría General que:
- Evalúe si la conducta del congresista Sánchez se ajustó a los deberes éticos que rigen a los servidores públicos elegidos por voto popular
- Determine si existió un uso indebido de la investidura congresional para generar presión mediática o confrontación institucional
- Analice si las expresiones utilizadas pueden configurar faltas disciplinarias como injuria o calumnia
- Emita un pronunciamiento claro sobre los límites del control político cuando este se ejerce a través de redes sociales
Vásquez ha recordado que en Colombia, los funcionarios electos están sujetos a responsabilidades éticas, disciplinarias y penales específicas, y que su conducta pública debe ajustarse estrictamente a principios fundamentales como la moralidad administrativa, el respeto por la dignidad humana y la promoción de la convivencia pacífica.
Llamado a la responsabilidad en el discurso público
"Así no se hace la política. Menos en un país donde las campañas ya tienen muertos encima", declaró contundentemente el veedor, enfatizando que las acusaciones masivas sin sustento probatorio no solo debilitan las instituciones democráticas, sino que pueden agravar significativamente el clima de polarización y violencia política.
Vásquez insistió en que el control político sigue siendo una herramienta legítima y necesaria en cualquier democracia, pero debe ejercerse con responsabilidad, a través de los canales institucionales establecidos y siempre sustentado en pruebas concretas. "Generalizar acusaciones y llevar seguidores a escenarios de confrontación no fortalece la democracia", concluyó.
La decisión final ahora recae en la Procuraduría General de la Nación, entidad que deberá determinar si los hechos descritos ameritan la apertura de una investigación disciplinaria formal contra el congresista Duvalier Sánchez o, en su defecto, emitir un pronunciamiento institucional que establezca lineamientos claros para el ejercicio del control político en la era digital.
