Reunión crucial en Valledupar abordará el futuro de Hacienda La Gloria y sus trabajadores
Para el próximo miércoles 18 de febrero se ha programado una reunión de alto impacto en la sede de la Agencia Nacional de Tierras en Valledupar, capital del departamento del Cesar. Este encuentro contará con la participación de siete representantes de los trabajadores de la Hacienda Bellacruz, hoy conocida como Hacienda La Gloria, quienes recientemente mantuvieron una protesta en la intersección del sector de La Mata, al sur del Cesar.
La movilización se dio como respuesta a la declaratoria de la Corte Constitucional que calificó este predio como baldío, un estatus legal que podría tener consecuencias directas sobre la estabilidad laboral de cientos de personas.
La defensa de más de 600 empleos en juego
Los empleados de esta hacienda, dedicada al cultivo de palta de aceite, reclaman al Gobierno nacional su derecho al trabajo, argumentando que un posible desalojo del predio para otorgarlo a familias campesinas resultaría en la pérdida de más de 600 empleos directos. Esta cifra representa el sustento económico para aproximadamente 1.000 familias, entre las cuales se encuentran numerosas madres cabeza de hogar que dependen completamente de estos puestos de trabajo.
Este caso no es nuevo en el panorama nacional, ya que desde hace décadas la Hacienda Bellacruz ha estado inmersa en un complejo proceso de restitución de tierras. Este procedimiento se origina en el despojo violento de cientos de campesinos durante la época del conflicto armado, específicamente por acciones paramilitares que forzaron el desplazamiento de comunidades enteras.
El contexto legal y las cifras gubernamentales
El Gobierno nacional ha reportado la entrega de 18.208 hectáreas a firmantes de paz como parte de sus compromisos en el proceso de reconciliación. Según información proporcionada por la Agencia Nacional de Tierras, se han adelantado diversos procesos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, los cuales han sido objeto de demandas y están sujetos a revisión ante el Consejo de Estado.
El caso de la Hacienda La Gloria ha escalado hasta la Corte Constitucional debido a la magnitud del territorio en disputa: miles de hectáreas que permanecen en reclamación. En un hecho significativo, en mayo de 2025 el presidente Gustavo Petro entregó más de 1.000 hectáreas a la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar), marcando un precedente importante en esta materia.
El proceso constitucional y las medidas cautelares
El proceso ante la Corte Constitucional se rige por la sentencia 235 de 2016, la cual dispuso la realización de un concepto técnico-jurídico detallado sobre la situación actual de los predios. Este documento debe incluir:
- La disponibilidad jurídica de las tierras
- El estado físico y productivo actual
- Las condiciones de seguridad para proceder con la restitución
La Agencia Nacional de Tierras programó una visita específica al predio, notificada con antelación para garantizar la debida coordinación con la Sociedad Hacienda 'La Gloria'. El objetivo principal era recaudar la información necesaria para elaborar el concepto técnico requerido, "sin que ello implicara labor alguna de administración", según precisó la entidad.
Sin embargo, existe una limitación significativa: mientras no se levante la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos, el área misional de la ANT no puede ejecutar ninguna acción ni adelantar trámites tendientes a la recuperación de estos terrenos.
La espera por la decisión judicial
Actualmente, la Agencia Nacional de Tierras se encuentra a la espera de la decisión del juez de restitución de tierras para disponer de los predios baldíos que se encuentran al interior de la Hacienda La Gloria. Solo después de este fallo judicial podría procederse a la posible transferencia de estas tierras a manos campesinas, un proceso que mantiene en vilo tanto a los trabajadores actuales como a las familias desplazadas que buscan retornar a sus territorios.
Esta reunión del 18 de febrero representa un momento crucial en la búsqueda de soluciones equilibradas que consideren tanto los derechos laborales de los actuales trabajadores como los derechos territoriales de las víctimas del conflicto armado, en un caso que ejemplifica los complejos desafíos de la restitución de tierras en Colombia.
