Gobierno Nacional decreta quinta Emergencia Económica por lluvias intensas
El Gobierno Nacional expidió este viernes 13 de febrero de 2026 el Decreto 0150 de 2026, mediante el cual declaró la quinta Emergencia Económica en lo que va del presente mandato presidencial. Esta medida extraordinaria se adoptó debido a los fuertes aguaceros que han azotado diferentes regiones del país, afectando particularmente ocho departamentos.
Departamentos afectados y contexto histórico
La emergencia se decretó específicamente para ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Desde comienzos de este siglo, en Colombia se ha declarado la emergencia económica en ocho ocasiones, pero durante el gobierno de Gustavo Petro, y cuando aún faltan seis meses para que finalice su mandato, esta figura ya se había utilizado en cuatro oportunidades anteriores.
Las emergencias económicas previas durante este gobierno incluyen:
- 2023: Debido al impacto del fenómeno de El Niño en La Guajira
- 2025: Tras la escalada de violencia registrada en el Catatumbo
- Primer semestre de 2025: Relacionada con el aumento de casos de fiebre amarilla
- Diciembre de 2025: Para completar recursos del Presupuesto General de la Nación
Justificación técnica de la emergencia
Según se argumenta en la exposición de motivos del decreto, en lo que va del año se ha presentado una "concentración temporal abrupta de las lluvias", en comparación con el periodo climatológico de los últimos 30 años. El Ideam advirtió que durante el periodo comprendido entre el 1 y el 6 de febrero, los acumulados de precipitación registrados en amplios sectores de la región Caribe superaron, aproximadamente, entre 130% y 180% del valor promedio esperado para el mes completo.
Además, para el periodo entre el 27 de enero y el 6 de febrero, la Ungrd reportó 65 emergencias, entre las cuales se cuentan:
- 53 eventos de inundación
- 5 movimientos en masa
- 3 crecientes súbitas
- 2 vendavales
- 1 caso de erosión fluvial
- 1 caso de erosión costera
Estos eventos afectaron a 61 municipios de los ocho departamentos mencionados. En el decreto se argumenta que, en el periodo comprendido entre 1963 y 2026, solo se evidencia un evento comparable de esta magnitud en 1963, previo a la construcción del embalse de Urrá.
Medidas económicas y reacciones
En el marco de esta nueva emergencia, se establece un impuesto al patrimonio que aplicaría a patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a cerca de $10.400 millones, con una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 UVT, umbral que corresponde aproximadamente a $31.424 millones.
Aunque el impuesto no ataca directamente a las personas naturales, expertos han señalado su inconveniencia. Roger Román, socio de Russell Bedford Colombia, explicó que "donde sí puede haber un efecto indirecto es en la percepción de estabilidad jurídica". Esta declaratoria representa un desafío institucional significativo, considerando que la Corte Constitucional ha intervenido en ocasiones anteriores para determinar la viabilidad de los decretos expedidos en emergencias económicas.
