Límites de la Ley de Amnistía en Venezuela: exclusión de presos políticos y preocupaciones sobre persecución continua
La recientemente aprobada Ley de Amnistía en Venezuela ha generado controversia por su alcance limitado y su impacto en la situación de los presos políticos. Aunque el Parlamento venezolano afirma que 179 personas han sido liberadas tras su implementación, organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal reportan solo 109 excarcelaciones, una cifra que contrasta dramáticamente con los más de 600 presos políticos que permanecen detenidos.
Una ley con exclusiones categóricas
Delsa Solórzano, defensora de derechos humanos y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, ha sido una de las voces más críticas respecto a la nueva legislación. Tras casi dos años en la clandestinidad, Solórzano reapareció públicamente para cuestionar el alcance real de la norma, señalando que "es un documento con un listado categórico y excluyente" que no abarca adecuadamente los años de persecución política en Venezuela.
La ley limita la amnistía a 13 hechos políticos específicos reconocidos, pero al revisar el período completo que debería cubrir (desde 1999 hasta 2026), más de 14 años quedan totalmente excluidos porque no están dentro de esos eventos reconocidos. Esta exclusión temporal representa una brecha significativa en la protección que debería ofrecer la legislación.
Exclusiones específicas que generan preocupación
Entre las exclusiones más polémicas se encuentran:
- Militares presos y civiles procesados por justicia militar: La norma excluye específicamente estos casos, dejando fuera a aproximadamente 185 militares detenidos según el Foro Penal.
- Casos de rebelión militar: Operaciones como la denominada "Operación Gedeón" (un intento de derrocamiento contra Nicolás Maduro) no fueron consideradas para amnistía.
- Personas en el exilio o inhabilitadas políticamente: La ley no contempla a figuras como María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad.
- Reintegración de propiedades expropiadas: El texto no establece mecanismos para la devolución de bienes confiscados.
Cuatro razones principales de la insuficiencia legal
La organización Acceso a la Justicia ha enumerado cuatro razones fundamentales por las cuales considera insuficiente el instrumento legal:
- Excluyente y selectiva: La ley contiene excepciones específicas que dejan fuera casos como la Operación Gedeón y otros eventos de 2019 considerados como rebelión militar.
- Discrecional: El artículo 9 añade exclusiones más allá de lo establecido en la Constitución, incluyendo delitos como homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y corrupción.
- Proceso judicial con dudas: La norma establece procedimientos limitativos que restringen la participación de organizaciones de derechos humanos en los procesos de amnistía.
- Temas cruciales ignorados: No se abordan mecanismos de reparación para víctimas, reconocimiento de responsabilidad estatal, ni medidas para prevenir la repetición de violaciones.
Contraste entre cifras oficiales y reportes independientes
Jorge Arreaza, diputado chavista y presidente de la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la Ley de Amnistía, afirmó recientemente que se han realizado 177 excarcelaciones, se emitieron 800 boletas de libertad adicionales y se otorgaron 2.735 medidas cautelares. Sin embargo, el Foro Penal solo ha confirmado 109 liberaciones, lo que evidencia una discrepancia significativa en las cifras reportadas.
Los familiares de militares detenidos mantienen su exigencia de liberación, como lo expresó Maciel Caicedo, madre de un militar preso, quien lamentó haber "servido por más de 20 años" al Estado y cuestionó el trato recibido por las instituciones.
Objetivos declarados versus realidad implementada
Según sus artículos, la ley busca la reconciliación nacional, la paz social y la reinserción de perseguidos políticos en la vida pública, abarcando teóricamente hechos ocurridos entre 1999 y 2026. Reconoce específicamente 13 hitos de conflicto político, incluyendo:
- Las manifestaciones de 2017
- Eventos de enero a abril de 2019 (excepto rebeliones militares)
- Las primarias de 2023
- Protestas en contexto electoral de 2024 y 2025
- Hechos históricos como el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero
Sin embargo, expertos y organizaciones señalan que entre 400 y 600 presos permanecen excluidos, particularmente aquellos acusados de crímenes de lesa humanidad (excluidos constitucionalmente) y casos relacionados con rebeliones militares.
La promulgación de la ley por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez el 19 de febrero no ha calmado las preocupaciones sobre su implementación práctica, dejando interrogantes sobre si realmente contribuirá a cerrar ciclos de persecución o simplemente mantendrá abiertas las puertas para su continuación.
