El calvario de los emprendedores agrícolas en la Altillanura colombiana
Un recorrido reciente por proyectos agroindustriales en la Altillanura colombiana ha confirmado la realidad casi tortuosa que enfrentan quienes intentan sacar adelante iniciativas productivas en esta región estratégica. Los verdaderos Simón Bolívar del agro nacional deben superar obstáculos monumentales desde el primer momento.
Infraestructura abandonada y costos exorbitantes
La adquisición de una simple hectárea en departamentos como Meta y Vichada representa apenas el inicio de un viaje lleno de dificultades. A este costo inicial se deben sumar aproximadamente ocho millones de pesos en cal dolomita para corregir la acidez de los suelos, más los gastos de incorporación en terrenos. Todo esto ocurre antes de sembrar la primera semilla.
El transporte de insumos, maquinaria y equipos, junto con la posterior extracción de cosechas, constituye otro capítulo de esta verdadera odisea. Durante la temporada de invierno, todo debe movilizarse exclusivamente a través del río Meta, mientras que en verano la única alternativa es una trocha de más de 500 kilómetros que conecta Puerto Gaitán con Puerto Carreño. Ambas vías de comunicación se encuentran en un estado deplorable, prácticamente abandonadas por el Gobierno, lo que encarece y vuelve incierta cualquier operación agrícola o industrial.
Potencial gigantesco versus realidad limitante
La Orinoquia y la Altillanura representan la despensa agrícola natural de Colombia. Esta es la única región del país con capacidad real para garantizar alimentos competitivos para 50 millones de colombianos y sustituir más de 10 millones de toneladas de importaciones que actualmente encarecen la canasta familiar. Aunque abarcan el 25% del territorio nacional, apenas albergan el 3% de la población, presentando una paradoja de tierras abundantes y subutilizadas frente a una fuerza laboral mínima.
Este potencial gigantesco se encuentra frenado principalmente por la falta de voluntad política y la ausencia de una política de Estado coherente para el desarrollo regional. La región podría convertirse en el mayor polo agroindustrial del continente, pero avanza con grilletes jurídicos que ningún país serio impondría a su territorio más estratégico.
Inseguridad jurídica: un laberinto administrativo
A los desafíos logísticos se suma un problema aún más corrosivo: la inseguridad jurídica. La tradición de los predios se ha convertido en un verdadero laberinto, mientras que las limitaciones de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) impiden escalar proyectos productivos de manera eficiente.
Peor aún, la Agencia Nacional de Tierras se ha transformado en una fuente permanente de incertidumbre, actuando con interpretaciones arbitrarias y cambiantes sobre uso y tenencia de la tierra. El caso de los menonitas representa apenas la evidencia más visible de un problema estructural mucho más profundo que incluye:
- Persecuciones administrativas recurrentes
- Abusos de poder institucional
- Amenazas constantes de expropiación
- Violaciones sistemáticas de derechos fundamentales
Esta situación tiene exhaustos a miles de empresarios del sector agropecuario que han invertido tiempo y recursos en la región.
Una carga tributaria que castiga el desarrollo
Como si los obstáculos anteriores no fueran suficientes, aparece un tercer freno al progreso: una carga tributaria asfixiante que castiga en vez de impulsar el desarrollo. Quienes deciden invertir en esta región estratégica deben enfrentar 44 rubros impositivos diferentes que comienzan con la constitución de la empresa y no terminan ni siquiera cuando se comercializa la cosecha.
Se trata de un ecosistema tributario diseñado para desincentivar, no para promover el desarrollo de un territorio que podría duplicar la producción agrícola nacional, atraer inversión tanto nacional como extranjera, y convertir a Colombia en un actor relevante en los mercados globales de alimentos.
Reflexión final sobre el abandono estatal
La Altillanura representa la mayor oportunidad económica del siglo XXI para Colombia, pero simultáneamente funciona como espejo del abandono estatal, la burocracia paralizante y la falta de visión estratégica. Si el país realmente aspira a crecer de manera sostenible, esta región debe dejar de ser un territorio castigado por su propio Gobierno.
En próximas entregas se presentarán propuestas concretas que podrían abrir el camino para que la Altillanura se convierta, finalmente, en el gran motor agrícola que Colombia tanto necesita para su desarrollo económico y seguridad alimentaria.
