Gobierno mantiene polémico aumento del 23% en salario mínimo para 2026
El Gobierno Nacional cerró temporalmente una de las discusiones económicas más sensibles del inicio de 2026 mediante el Decreto 0159 del 19 de febrero, que fija de manera transitoria el salario mínimo mientras el Consejo de Estado define la legalidad del incremento decretado a finales del año pasado. La decisión mantuvo el aumento del 23%, porcentaje que generó intensa polémica en el país desde diciembre pasado.
Parámetros técnicos versus mandato constitucional
El decreto incluye una extensa motivación técnica donde el Gobierno diferencia entre los parámetros económicos establecidos por la Ley 278 de 1996 y los factores constitucionales asociados al carácter "vital y móvil" del salario mínimo. El documento reconoce que la aplicación exclusiva de los criterios tradicionales habría producido un incremento cercano al 13,6%, considerablemente menor al finalmente aplicado.
Los parámetros técnicos considerados fueron:
- Inflación esperada para preservar el poder adquisitivo
- Productividad total de factores estimada en 0,91%
- Crecimiento económico cercano al 2,9%
- Participación de los salarios en el ingreso nacional (4,46 puntos porcentuales)
Justificación del incremento adicional
El Ministerio del Trabajo defendió que limitar la decisión a estos criterios sería insuficiente frente al mandato constitucional. El ministro Antonio Sanguino afirmó en entrevista con Blu Radio que "los parámetros de la ley son parámetros restrictivos que no alcanzan para atender una disposición constitucional".
Bajo esta lógica, el decreto incorporó un segundo componente basado en el cálculo del salario mínimo vital elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El estudio técnico comparó la canasta asociada al salario mínimo vigente en 2025 con la estimación de ingreso suficiente calculada por la OIT y concluyó que existía una brecha cercana al 23%.
Impacto práctico y contexto legal
La norma surgió como respuesta a una orden judicial que exigía expedir un acto administrativo provisional mientras avanza el proceso de nulidad contra el aumento original. El objetivo es garantizar seguridad jurídica y continuidad en el pago de la remuneración mínima.
Con esta decisión, el salario mínimo se mantiene en $1.750.905, equivalente al incremento aplicado desde el primero de enero y vigente hasta que exista un fallo definitivo del alto tribunal. El Gobierno sostiene que el salario mínimo debe entenderse como un instrumento orientado a:
- Mejorar las condiciones materiales de existencia
- Reducir brechas de ingreso
- Fortalecer la demanda interna
- Mantener un marco de sostenibilidad macroeconómica
El decreto reconoce explícitamente que el incremento final no responde únicamente a variables económicas, sino que integra criterios distributivos y sociales dentro de la política salarial, cerrando parcialmente la brecha identificada mediante un componente adicional equivalente a 9,4 puntos porcentuales.
