Gobierno de Gustavo Petro presenta recurso de súplica ante Consejo de Estado por suspensión del aumento salarial
En un movimiento legal significativo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó formalmente este miércoles 18 de febrero un recurso de súplica ante el Consejo de Estado. Esta acción judicial busca revertir la decisión que suspendió de manera provisional el pago del incremento del salario mínimo establecido para el año 2026, una medida que ha generado amplio debate en el ámbito económico y social del país.
Fundamentos legales del recurso gubernamental
La presentación del recurso se basa en la consideración de que la medida adoptada por el Consejo de Estado excede los límites legales establecidos y, además, afecta directamente el interés general de la población colombiana. El Gobierno argumenta que la suspensión provisional interfiere con procesos administrativos y económicos ya en marcha, creando incertidumbre tanto para trabajadores como para empleadores.
La decisión del alto tribunal que motiva esta apelación fue tomada el pasado 13 de febrero, mientras se estudia una demanda que solicita la nulidad del decreto ejecutivo mediante el cual el Gobierno aumentó el salario mínimo en un 23,7%. Este incremento fija el nuevo salario mínimo en $1.750.905, que asciende a $2.000.000 cuando se incluye el auxilio de transporte correspondiente.
Contexto y repercusiones de la suspensión provisional
La suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado ha creado un escenario de expectativa legal y económica que afecta múltiples sectores:
- Impacto laboral inmediato: Miles de trabajadores que esperaban el incremento salarial enfrentan incertidumbre sobre sus ingresos futuros.
- Repercusiones empresariales: Las empresas habían iniciado ajustes presupuestarios y planeación financiera considerando el nuevo salario mínimo.
- Proceso judicial en desarrollo: La demanda de nulidad contra el decreto del aumento salarial continúa su curso mientras se resuelve el recurso de súplica.
Este caso representa uno de los desafíos legales más significativos que enfrenta la política salarial del actual gobierno, poniendo en evidencia las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial en materia de regulación laboral y económica.
