La ONU insta a Colombia a publicar sin demora el informe de cultivos ilícitos de 2024
En un llamado directo que ha sido calificado como un "vainazo" diplomático, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo dependiente de Naciones Unidas, ha exigido al gobierno colombiano que publique "sin demora" el informe del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) correspondiente al año 2024.
Datos preocupantes sobre el aumento de cultivos de coca
Según información filtrada que ha circulado en medios especializados, el informe en cuestión registra un crecimiento del 3% en las hectáreas de coca sembradas en territorio colombiano, pasando de 253.000 a 262.000 hectáreas. Sin embargo, el dato más alarmante se refiere a la producción potencial de clorhidrato de cocaína, que habría superado las 3.000 toneladas.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha mantenido este informe bajo reserva, expresando reparos metodológicos y solicitando la inclusión de nuevas variables que descuenten de la cifra total las incautaciones realizadas, las hectáreas abandonadas y las plantas que no fueron procesadas.
Primera vez en dos décadas que no se publica el informe
Esta situación marca un hito preocupante: por primera vez en 20 años, el informe anual de monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) no ha sido publicado oficialmente. Este hecho ocurre en un contexto particularmente sensible, tras la descertificación condicionada de Colombia por parte de Estados Unidos debido a los pobres resultados en la lucha antinarcóticos.
En su último Informe Mundial sobre Drogas, la JIFE expresó textualmente: "La Junta toma conocimiento con aprecio del estudio realizado por el Perú en 2024 e insta a los Gobiernos de Bolivia, Colombia y el Perú a que sigan realizando estudios anuales, con el apoyo de la Unodc, sobre el estado del cultivo ilícito en sus territorios y a que publiquen los resultados de esos estudios sin demora".
La conexión con la minería ilegal de oro
El informe de la ONU también destaca otro fenómeno preocupante: la diversificación de las rentas ilícitas en Colombia a través de la minería ilegal de oro, actividad que ha logrado contaminar significativamente el negocio lícito del metal precioso.
"El solapamiento entre las zonas en que se cultiva ilícitamente la coca y las zonas en las que se llevan a cabo actividades ilegales de extracción de oro y producción de drogas es cada vez mayor", señala el documento, destacando que esta estrategia es utilizada por grupos delictivos organizados en varios países de América del Sur, especialmente en la región amazónica.
El informe revela datos alarmantes sobre la expansión de la minería ilegal:
- Las zonas de extracción ilegal han aumentado en un 625% en tierras de poblaciones indígenas de la Amazonia
- Este fenómeno afecta particularmente a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
- Empresas legales colombianas, incluidas algunas comercializadoras de oro, han colaborado con organizaciones delictivas
Programas de sustitución voluntaria de cultivos
Pese al tono crítico del informe, la JIFE reconoce los esfuerzos del gobierno colombiano en la implementación de estrategias de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Según datos de la ONU, durante 2024 y 2025 estas actividades reportaron beneficios a más de 97.000 familias mediante diversos mecanismos:
- Proyectos productivos alternativos
- Fortalecimiento de cadenas de comercialización de productos agrícolas
- Mejora del acceso a la tierra y formalización de su uso
- Otras medidas encaminadas a brindar alternativas económicas legales
La presión internacional sobre Colombia para transparentar sus datos sobre cultivos ilícitos se intensifica en un momento crucial para la política de seguridad nacional, mientras el país busca balancear sus compromisos internacionales con estrategias domésticas para combatir el narcotráfico y sus economías conexas.
