Gobierno ordena estatizar la Nueva EPS y trasladar millones de usuarios
El sistema de salud colombiano se encuentra en el centro del debate político tras el anuncio del ministro de Salud, Guillermo A. Jaramillo, sobre la decisión del presidente de la República de convertir la Nueva EPS en una entidad pública. Esta medida, que ha generado controversia en el ámbito electoral, incluye la instrucción al Ministerio de Hacienda para buscar recursos que respalden financieramente a la entidad mediante herramientas estatales.
Traslado masivo de afiliados y preocupaciones constitucionales
En paralelo a la decisión de estatización, se firmó un decreto que autoriza el traslado de aproximadamente 6 millones de usuarios de diversas EPS. Según estimaciones oficiales, cerca de la mitad de estos afiliados serían reubicados en la Nueva EPS, entidad que actualmente se encuentra intervenida y ha acumulado múltiples quejas y reportes de irregularidades.
El decreto establece que en municipios con menos de 10.000 habitantes solo podrá operar una EPS, específicamente aquella que concentre la mayor población. Hanna Escobar, candidata a la Cámara de Representantes, advirtió que esta disposición podría afectar el derecho constitucional a la libre escogencia de EPS.
"Todos los ciudadanos tienen derecho a elegir su EPS, y un traslado forzado por decreto, especialmente en poblaciones dispersas y vulnerables, podría ser inconstitucional", señaló Escobar durante el programa La Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN.Preocupaciones financieras y operativas
La candidata también cuestionó la situación financiera de la Nueva EPS, destacando que la entidad lleva más de dos años sin presentar estados financieros completos. Según datos de la Superintendencia de Salud, faltarían aproximadamente 15 billones de pesos por auditar en las cuentas de la EPS.
Andrés Guerrero, otro candidato a la Cámara, compartió su experiencia personal con la Nueva EPS, entidad a la que está afiliada su hermana con discapacidades múltiples. "Mi hermana ha sido sometida a más de 60 cirugías y logramos una tutela integral hace cinco años que le garantiza calidad de vida", relató Guerrero, expresando preocupación por cómo la medida afectaría a poblaciones rurales que ya enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos.
Impacto en poblaciones rurales y vulnerables
Los analistas coinciden en que las poblaciones más pequeñas y rurales serían las más afectadas por esta medida. Guerrero destacó que en zonas rurales ya es complejo reclamar medicamentos o acceder a citas médicas, y la situación podría agravarse para campesinos que deben viajar durante horas para recibir atención médica.
La posibilidad de convertir la Nueva EPS en una entidad completamente pública sería jurídicamente viable a través de la figura de Empresa de Orden Nacional del Estado (EON), aunque implicaría un proceso complejo que incluye:
- Cambios estatutarios profundos
- Modificaciones en la junta directiva
- Reestructuración financiera completa
- Adaptación operativa para recibir nuevos usuarios
Capacidad operativa y financiamiento cuestionado
En el debate surgieron serios cuestionamientos sobre la capacidad operativa de la Nueva EPS para recibir alrededor de 3 millones de nuevos usuarios, considerando que actualmente enfrenta dificultades para atender adecuadamente a los afiliados que ya tiene.
El Gobierno anunció una inyección de capital para respaldar la EPS y pagar deudas con hospitales públicos, pero las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) privadas manifestaron preocupación porque esos recursos no estarían destinados a ellas, pese a que el 90% de la red de prestación de servicios de salud en Colombia es privada.
Guerrero sostuvo que sería necesario revisar las condiciones concretas de la medida y afirmó que, "si el sistema funcionara y beneficiara realmente a las personas más vulnerables, sería positivo". Sin embargo, enfatizó la necesidad de garantizar que la transición no perjudique a quienes ya enfrentan barreras en el acceso a servicios de salud.
Esta decisión gubernamental ocurre en un contexto electoral donde el futuro del sistema de salud se ha convertido en uno de los temas centrales de debate, con candidatos y analistas advirtiendo sobre los riesgos y oportunidades de una mayor participación estatal en la administración de los servicios de salud.
