Quien llegue a la Casa de Nariño en 2026 no heredará únicamente cifras históricas en cultivos de coca y producción de cocaína. Recibirá territorios donde la coca, después de décadas de políticas ineficaces para reducirla, dejó de ser una economía marginal y pasó a organizar buena parte de la vida cotidiana: genera empleo, regula mercados, financia economías locales y define la relación entre las comunidades, los grupos armados y el Estado.
La coca como economía estructural
La discusión sobre el narcotráfico en Colombia se ha concentrado en la medición de hectáreas cultivadas, metas de erradicación y volúmenes de incautación. Sin embargo, mientras el foco se ha mantenido en las cifras, la naturaleza del fenómeno ha venido evolucionando. La consolidación de la coca como línea productiva en casi 200 municipios de Colombia no es solo una cuestión de ingresos o de subsistencia. En muchos de estos territorios, la coca se ha convertido en un componente estructural de la economía local y en un dinamizador del empleo rural familiar, pues en ella pueden participar distintos miembros de una familia. Los jóvenes, por ejemplo, suelen realizar la recolección de hoja de coca, por lo cual reciben un pago que excede la media del jornal rural.
Esta capacidad de absorber mano de obra le ha permitido consolidarse como una de las pocas economías rurales con liquidez permanente en territorios históricamente excluidos. La circulación constante de esos recursos también dinamiza las economías locales. El comercio, el transporte, el crédito informal y múltiples actividades de servicios terminan dependiendo, directa o indirectamente, de flujos de dinero derivados de la coca.
Exclusión y precariedad en zonas cocaleras
La paradoja es que muchos de los territorios desde los que se producen enormes rentas ilegales continúan atrapados en condiciones estructurales de exclusión y precariedad. Hoy, el 43 % de la población en los 10 municipios con mayor presencia de coca vive en pobreza multidimensional y el 31 % sufre necesidades básicas insatisfechas, cifras que superan en cuatro y dos veces, respectivamente, el promedio nacional.
A esta situación se suma la precariedad de la propiedad rural. En estos territorios, la informalidad en la tenencia de la tierra alcanza, en promedio, el 75 % –frente al 52 % del promedio nacional–, lo que restringe el acceso al crédito y a la inversión técnica, impidiendo la consolidación de economías lícitas y sostenibles. Aun así, el problema trasciende el acceso a la propiedad rural: en 2023 (año del último informe de la ONU sobre cultivos ilícitos), el 18% de los cultivos de coca detectados en Colombia se ubicaban en áreas con restricciones ambientales y legales para el desarrollo de actividades rurales tradicionales, incluidos un 14% en Reservas Forestales y un 4% en Parques Nacionales Naturales.
Dependencia de grupos armados
Esta vulnerabilidad estructural, causada sobre todo por la ausencia e ineficacia del Estado, ha creado las condiciones perfectas para la consolidación de economías cocaleras de la mano del fortalecimiento de los grupos criminales. En estos territorios, donde la presencia estatal ha sido históricamente débil o intermitente, la autoridad cotidiana suele ser ejercida por actores armados ilegales. Esto ha derivado en una doble dependencia para las comunidades, que quedan supeditadas a estos grupos tanto para su seguridad como para su sustento económico.
Cualquier estrategia de intervención debe tener en cuenta estas complejas dinámicas locales; si no, corre el riesgo de profundizar la desconfianza hacia las instituciones y perpetuar las condiciones que permiten la consolidación de la economía cocalera.
Transformación del problema
Más allá del incremento en hectáreas cultivadas con coca desde 2014, la ausencia de acciones efectivas por parte del Estado ha permitido un cambio estructural en el negocio, que explica por qué la producción de cocaína ha crecido a un ritmo mucho más acelerado (+369 %) que el área cultivada con coca (+265,9 %). Según datos oficiales de 2023, casi el 90 % de los cultivos de coca se localizan en los mismos territorios en donde han estado desde la última década, sugiriendo la total ineficacia de la acción del Estado en este periodo de tiempo.
En algunas zonas, la persistencia de estos cultivos por tantos años ha facilitado la concentración de la coca en enclaves geográficos en los que, según ha venido alertando la ONU desde 2015, se ha consolidado un modelo altamente productivo. La eficiencia productiva ha alcanzado niveles sin precedentes. Mientras que hasta 2013 el promedio nacional de rendimiento anual rondaba los 6 kg de cocaína por hectárea de coca, en la última década esta cifra ascendió a un promedio de 8 kg, alcanzando un pico de 10,5 kg en 2023 (que puede ser mayor en los enclaves). Según los datos de la ONU, con menos del 40 % del área sembrada en 2023, los 15 enclaves identificados tenían la capacidad de generar hasta el 55 % de la cocaína total del país. En términos prácticos, una hectárea en estos núcleos puede producir más del doble que en otras zonas cultivadas.
El tránsito a un sistema tecnificado altamente productivo se explica por la regulación que ejercen los grupos armados, que controlan núcleos territoriales en los que operan los eslabones de la cadena de valor de la coca: cultivo, procesamiento, transporte, distribución y comercialización. Además de cobrar ‘vacunas’ sobre las diferentes actividades asociadas a esta economía, en varias regiones son quienes definen precios, compran la hoja o la pasta base, administran laboratorios para la producción de cocaína y negocian el producto final con redes y carteles internacionales.
Economías ilícitas interconectadas
Por otra parte, los cultivos ilícitos y el narcotráfico ya no pueden entenderse como fenómenos aislados en un territorio. Hoy hacen parte de un portafolio diversificado de economías ilícitas –que incluyen minería ilegal, extorsión, contrabando, trata de personas y tráfico de armas–, que operan bajo lógicas de complementariedad. Este carácter interconectado y flexible no solo complejiza su trazabilidad, sino que también desafía los enfoques tradicionales de política pública, que tienden a intervenir en las rentas de manera fragmentada, sin afectar las estructuras financieras, logísticas y territoriales que sostienen el sistema criminal en su conjunto.
Lecciones de la historia
La experiencia histórica de la política de drogas evidencia las limitaciones de las estrategias centradas exclusivamente en la reducción de hectáreas cultivadas. Dos ejemplos ilustran esta situación. Entre 2002 y 2012, para reducir poco más del 50 % de los cultivos de coca –alrededor de 54.000 hectáreas– fue necesario asperjar con glifosato cerca de un millón y medio de hectáreas. La aspersión aérea se suspendió desde el 2015, pero años después, aún con la erradicación manual forzosa de aproximadamente 130.000 hectáreas en 2020, los cultivos pasaron de 142.000 hectáreas, en ese año, a 204.000, en 2021.
Aunque la interpretación de estas cifras puede dar lugar a distintos análisis, la experiencia demuestra que reducir el número de hectáreas cultivadas con coca no equivale a eliminar estos cultivos o al narcotráfico, ni logra desarticular el arraigo territorial de la economía de la coca en estos territorios. Esto se debe a que la economía de la coca no depende únicamente de los cultivos. Como ocurre con cualquier otra economía, su permanencia depende de la existencia de actores que financian la producción, garantizan liquidez, sostienen la demanda, facilitan las cadenas logísticas y regulan –formal o informalmente– las reglas que permiten su funcionamiento. Mientras esos factores no sean intervenidos, la política de drogas seguirá poniendo a las comunidades en tensión con el Estado, mientras el sistema económico y criminal que sostiene el narcotráfico y otras economías ilícitas permanece intacto.
¿Qué se puede hacer?
Este desafío exige no solo abandonar la visión tradicional según la cual la reducción de la oferta es el principio y el fin de la política de drogas, sino también la lógica fragmentada con la que históricamente ha operado el Estado. En muchas regiones, las intervenciones militares, los programas sociales, las estrategias de sustitución y los proyectos de infraestructura avanzan sin coordinación sostenida ni objetivos compartidos de largo plazo, generando entornos de alta incertidumbre institucional que dificultan la consolidación de economías legales y desincentivan la llegada de inversión privada.
Con frecuencia, estas intervenciones ignoran que no todos los territorios tienen los mismos niveles de control armado o las mismas capacidades institucionales, económicas y comunitarias. El resultado suele ser obras aisladas, programas interrumpidos y ciclos de intervención estatal que terminan erosionando la confianza comunitaria y fortaleciendo la legitimidad de las formas de regulación impuestas por los grupos armados.
Es fundamental entender que la economía cocalera en Colombia no responde a una lógica única, por eso no existen ‘balas de plata’. Las respuestas efectivas deben partir de diagnósticos territoriales precisos que permitan adaptar las herramientas de política pública a las condiciones específicas de cada territorio.
Mientras el Estado opere bajo esquemas complejos, fragmentados y difíciles de ejecutar, continuará en desventaja frente a actores que funcionan con reglas simples y de aplicación inmediata, capaces de estructurar cadenas productivas ilegales, regular el uso del suelo y organizar la economía local. Por ello, mejorar la seguridad territorial y avanzar hacia la reducción de los cultivos ilícitos no implica solo aumentar y mejorar la calidad de la presencia institucional, sino también simplificar, articular y hacer operativas las reglas que ordenan el territorio.
Desde los años 90, los resultados de la política de drogas se han medido en hectáreas sembradas y erradicadas. Pero hoy los límites de la erradicación son claros y no son únicamente operativos, sino una cuestión institucional y política porque enfrentan al Estado con lo que será uno de los desafíos más complejos que heredará el próximo gobierno, si realmente quiere obtener resultados sostenibles: recuperar la gobernabilidad en territorios donde la economía de la coca y los grupos armados llevan décadas ocupando funciones que el Estado nunca logró consolidar.
En este punto, es importante reconocer que la seguridad territorial y la reducción sostenible de los cultivos ilícitos no pueden entenderse únicamente como un problema de control armado o de presencia institucional, sino también como un desafío de diseño normativo y de capacidad de implementación. A esta complejidad se suman las crecientes presiones de Estados Unidos, cuya nueva política antidrogas vuelve a concentrar la responsabilidad del control del narcotráfico en los países productores y a poner la erradicación de cultivos en el centro de sus exigencias.
El reto del próximo gobierno será recuperar la gobernabilidad en regiones donde la ilegalidad lleva décadas organizando buena parte de la economía y la vida social, ocupando funciones que el Estado nunca logró consolidar. Esto implica reconocer que su estrategia no puede centrarse solo en la erradicación de cultivos. Este enfoque debe articularse de manera coherente con instrumentos punitivos y coercitivos orientados a afectar las economías criminales que sostienen la cadena de valor de la coca. La clave no está en elegir entre desarrollo o seguridad, sino en armonizar ambas dimensiones bajo una lógica territorial, secuencial y estratégica. Solo así es posible reducir la dependencia de las comunidades a esta economía, elevar los costos para las organizaciones criminales y avanzar de manera sostenible hacia la transformación territorial.
Cualquier estrategia que ignore esta realidad no solo está condenada al mismo fracaso de políticas anteriores, sino que corre el riesgo de perpetuar las condiciones que han permitido la consolidación de la economía cocalera.
