El pasado 2 de febrero, una columna publicada en este medio planteó una pregunta inquietante: "¿Tendremos elecciones libres en Colombia?" La interrogante surgió a partir de las alertas emitidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Defensoría del Pueblo, que advertían sobre el riesgo de injerencia de grupos armados ilegales en los comicios presidenciales de 2026.
Hoy, a tan solo 14 días de la jornada electoral, esa preocupación no solo se mantiene, sino que se ha intensificado. La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó 386 municipios en riesgo electoral debido a factores de violencia, y destacó que el 57 % de los municipios del país con puestos de votación rurales registran presencia de al menos un grupo armado ilegal.
A esto se suma la advertencia del magistrado Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien alertó sobre un "grave deterioro del orden público" y escenarios de intimidación y presión contra ciudadanos y candidatos.
Como si el panorama no fuera ya suficientemente preocupante, en los últimos días circularon audios difundidos inicialmente por distintos medios de comunicación, que aparentemente evidenciaban presiones electorales provenientes de estructuras armadas ilegales a favor de la candidatura presidencial de Iván Cepeda.
Sin embargo, posteriormente el Ministerio de Defensa aseguró que, según investigaciones preliminares de la Policía Nacional, las grabaciones corresponderían realmente a dinámicas de extorsión carcelaria originadas desde la cárcel de Picaleña, y no a integrantes de las disidencias comandadas por alias "Calarcá".
El propio Cepeda rechazó públicamente cualquier presión al electorado y condenó las intimidaciones. También aseguró que ni su campaña ni el Pacto Histórico aceptan este tipo de acciones.
El episodio termina revelando el clima de tensión, miedo y desinformación que hoy rodea el panorama electoral colombiano. Pero también deja al descubierto una preocupación más profunda: la percepción de que algunos grupos armados ilegales dejaron de encontrar límites claros por parte del Estado.
Las amenazas y la presencia de grupos armados ilegales no comenzaron con el gobierno de Gustavo Petro. Colombia lleva décadas conviviendo con esta tragedia y buscando distintas maneras de enfrentarla, muchas veces sin éxito. Sin embargo, para nadie es un secreto que, durante sus cuatro años de gobierno, el problema se ha recrudecido y que, particularmente bajo la política de "Paz Total", se consolidó entre muchos ciudadanos una percepción de debilitamiento de la autoridad estatal frente a estas estructuras.
Bajo esta política hemos visto reiterados incumplimientos de los ceses al fuego por parte del ELN y de algunas disidencias; negociaciones que parecían avanzar mientras en los territorios continuaban las extorsiones, el reclutamiento forzado y el control social, además de las denuncias sobre posibles filtraciones de información entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras armadas ilegales.
A esto se sumaron episodios simbólicos, como la reiterada reivindicación pública de símbolos asociados al M-19 por parte del presidente Petro y la controversia generada por la presencia de cabecillas criminales en un acto público en Medellín.
Todo esto ocurre en el contexto de una política de paz y seguridad cuyos resultados hoy son cuestionados: una estrategia que prometía reducir la violencia y recuperar el control territorial, pero frente a la cual distintos informes y alertas institucionales han advertido un fortalecimiento de estructuras armadas, mayores riesgos electorales y un deterioro de la seguridad.
Según un informe de Asocapitales, mientras avanzaban los diálogos de la política de "Paz Total", varios grupos armados fortalecieron su presencia territorial y capacidad operativa. Lo que todo esto está revelando es que algunas estructuras armadas ilegales han alcanzado tal capacidad de control territorial y coercitivo que, en ciertas regiones del país, terminan funcionando como una autoridad paralela que desafía abiertamente el poder del Estado.
Eso inevitablemente debería preocuparnos, porque la discusión ya no es únicamente si las urnas funcionarán correctamente el 31 de mayo. La preocupación de fondo es si todos los colombianos podrán ejercer su derecho al voto bajo condiciones reales de libertad.
Hace unos meses pregunté si Colombia tendría elecciones libres en 2026. Hoy, a pocos días de la jornada electoral, esa pregunta empieza a encontrar respuestas inquietantes.
Por Gabriela Alonso Jaramillo, estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos y de Ciencia Política en la Universidad de los Andes, máster en Comunicación Política del Centro Europeo de Postgrados, creadora de contenido, reconocida por Cifras & Conceptos como líder nativa digital y ganadora del Youth Leadership Award de los Napolitan Victory Awards.
