Defensoría del Pueblo condena graves ataques en Briceño, Antioquia
La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación y rechazo por dos hechos violentos ocurridos en el municipio de Briceño, Antioquia, durante la Semana Santa. Estos incidentes incluyen el asesinato de un paciente dentro de una ambulancia interceptada y la explosión de una moto bomba en el casco urbano.
Ataque directo contra misión médica
Según el comunicado oficial, un grupo armado interceptó una ambulancia que trasladaba a una persona herida en un accidente de tránsito por la vía que conecta Yarumal con Briceño. Dentro del vehículo, el paciente fue asesinado, en lo que la Defensoría califica como un ataque directo contra la misión médica, protegida especialmente por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
"Este hecho representaría un ataque directo contra la misión médica, protegida de manera especial por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales", se lee en el documento.
Explosión de moto bomba en zona urbana
Paralelamente, se registró la explosión de una motocicleta con un artefacto explosivo improvisado en el casco urbano de Briceño. Este atentado dejó como resultado:
- Dos miembros de la Policía Nacional afectados: uno herido y otro con aturdimiento por la explosión.
- Daños materiales en viviendas y establecimientos comerciales cercanos.
Violaciones al DIH y derechos humanos
La Defensoría advierte que estos hechos podrían constituir infracciones al DIH y graves vulneraciones a los derechos humanos. El organismo señala que las acciones registradas desconocen principios fundamentales como:
- Distinción entre combatientes y civiles
- Proporcionalidad en el uso de la fuerza
- Precaución para minimizar daños a la población civil
El comunicado enfatiza que "el ataque contra la misión médica, dada su protección especial en el derecho internacional, reviste una gravedad particular y podría constituir un crimen de guerra conforme al Estatuto de Roma".
Llamado a grupos armados y autoridades
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado específico a:
Grupos armados: Exigió al 'clan del Golfo' (autodenominado EGC) y al frente 36 de las disidencias al mando de alias Calarcá el respeto estricto e incondicional del DIH, especialmente la protección de la población civil, la misión médica y los bienes civiles.
Autoridades estatales: Instó a las autoridades civiles, la Fuerza Pública, la Gobernación de Antioquia y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) a:
- Adoptar protocolos inmediatos de prevención y atención humanitaria
- Implementar medidas urgentes de protección para la población civil
- Fortalecer la presencia institucional y garantizar servicios esenciales como la salud
Contexto de alerta temprana
Estos eventos confirman la materialización de riesgos advertidos en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 y su oficio de consumación de febrero de 2026. Según la Defensoría, en Briceño se han documentado previamente:
- Enfrentamientos armados
- Uso de explosivos con efectos indiscriminados
- Desplazamientos forzados y confinamientos
- Homicidios de personas protegidas
- Afectaciones a bienes civiles
La situación "pone en grave riesgo la vida, integridad y seguridad de las comunidades, incluidos niños, niñas, adolescentes y líderes sociales, y genera condiciones para nuevos desplazamientos forzados y confinamientos", profundizando la crisis humanitaria en el municipio.
Solicitud de acción urgente
Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría solicitó la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). El objetivo es analizar la situación humanitaria y de seguridad en Briceño, evaluar la materialización de riesgos y definir medidas de prevención y protección coordinadas.
El organismo recomienda además la activación de mecanismos adicionales de protección urgente si es necesario, con un enfoque diferencial y de derechos humanos que priorice a los sujetos de especial protección constitucional.
