Gobierno evalúa medidas excepcionales para avanzar en paz urbana con 'Los Costeños'
El Gobierno Nacional está considerando una serie de medidas extraordinarias para facilitar el proceso de paz urbana con la estructura criminal conocida como 'Los Costeños', que opera principalmente en Barranquilla y otros municipios del departamento del Atlántico. Entre las opciones que se analizan figura la suspensión temporal de órdenes de captura contra algunos de sus jefes o representantes, así como su posible traslado a centros penitenciarios en la capital costeña.
Hoja de ruta para el sometimiento a la justicia
Según documentos internos del poder Ejecutivo, estas iniciativas forman parte de una hoja de ruta diseñada específicamente para permitir el sometimiento a la justicia de esta organización delincuencial y la instalación de un espacio formal de diálogo, en línea con la política de "paz total" del Gobierno. Sin embargo, las autoridades han sido enfáticas en señalar que se trata de evaluaciones preliminares que no implican decisiones tomadas ni la aplicación inmediata de beneficios judiciales.
El documento gubernamental establece que, en caso de considerarse viable, se podría justificar ante la autoridad judicial competente la solicitud de suspensión de órdenes de captura contra los voceros designados para participar en los diálogos. Esta medida estaría circunscrita exclusivamente al marco de la instalación y desarrollo del espacio de conversaciones, y no constituiría una amnistía ni un perdón judicial de carácter permanente.
Traslados carcelarios: una posibilidad que resurge
Además de la eventual suspensión de órdenes de captura, el Gobierno también vuelve a estudiar el traslado a cárceles de Barranquilla de integrantes de 'Los Costeños' que actualmente se encuentran privados de la libertad en otros centros penitenciarios del país. Esta posibilidad ya había sido planteada a comienzos de año, pero fue suspendida ante la reacción negativa de autoridades locales y regionales, quienes manifestaron preocupaciones relacionadas con el impacto que estos traslados podrían tener sobre la seguridad urbana y el control criminal desde los centros de reclusión.
Según la hoja de ruta, estos traslados se evaluarían únicamente para personas recluidas en establecimientos de mediana seguridad, y estarían sujetos a una serie de condiciones previas:
- Entrevistas individuales para verificar su voluntad real de acogerse al proceso de paz
- Compromiso de presentar informes mensuales que permitan medir el cumplimiento de metas y acuerdos
- Evaluación caso por caso de cada situación particular
Mecanismos judiciales y acompañamiento internacional
El documento también contempla que el Gobierno podría proponer a la Fiscalía General de la Nación el uso de mecanismos judiciales existentes para la terminación anticipada de procesos penales, como:
- Preacuerdos
- Aceptaciones de cargos
- Principios de oportunidad
- Solicitudes de preclusión
Estas herramientas, de acuerdo con la hoja de ruta, no serían automáticas ni generalizadas, sino que dependerían del análisis caso a caso por parte de la Fiscalía y de la aprobación de jueces de la República.
Como parte de los mecanismos de verificación y respaldo institucional, el proceso de diálogos con 'Los Costeños' contaría con el acompañamiento de organismos internacionales, entre ellos la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La participación de estos entes busca fortalecer la transparencia del proceso y ofrecer garantías de seguimiento, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana y el historial criminal de las estructuras involucradas.
Un proceso marcado por controversias y críticas
La evaluación de estas medidas se da en medio de un proceso de paz urbana que ha sido altamente controvertido en Barranquilla, tanto por la naturaleza de los actores con los que se dialoga como por el contexto de seguridad que atraviesa la ciudad. Uno de los episodios más cuestionados fue la tregua entre bandas criminales, anunciada como parte de los acercamientos y que estuvo vigente hasta el 20 de enero, cuando se dio por finalizada.
Aunque el Gobierno sostuvo que este tipo de acuerdos buscaban reducir la violencia, sectores locales cuestionaron la falta de resultados sostenidos y el impacto real en la vida cotidiana de los ciudadanos. A ello se suman decisiones que inicialmente fueron anunciadas y luego "echadas para atrás", como los traslados carcelarios, precisamente por la presión de mandatarios locales y por el temor a que estas medidas fortalecieran el control territorial de las estructuras criminales.
La discusión sobre la paz urbana ocurre en paralelo a una persistente preocupación por la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana, donde continúan registrándose homicidios selectivos, ataques armados y hechos de sicariato, muchos de ellos en sectores donde las autoridades reconocen la presencia de organizaciones delincuenciales. Este contraste entre el diseño del proceso y la realidad en las calles ha alimentado el debate público sobre la eficacia de la estrategia y sobre los riesgos de avanzar en concesiones sin que existan resultados visibles en materia de reducción de la violencia en Barranquilla y el Atlántico.
