La crisis persistente de la Nueva EPS bajo cinco interventores diferentes
La grave crisis de desabastecimiento de medicamentos en la Nueva EPS, la entidad prestadora de salud más grande de Colombia con más de 11,7 millones de usuarios, continúa sin mostrar mejoras significativas. A pesar de la intervención ordenada por el gobierno de Gustavo Petro el 3 de abril de 2024, cuando quedó bajo supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud, las quejas por negligencia en la prestación de servicios han aumentado drásticamente.
La Defensoría del Pueblo reportó que las quejas contra la Nueva EPS aumentaron en un 107% entre enero y diciembre de 2025. La trágica muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia A severa que dejó de recibir su medicamento en diciembre pasado, ilustra el riesgo que enfrentan miles de pacientes.
Los cinco rostros de la intervención: patrimonio y gestión
Aldo Cadena fue el primero en asumir el liderazgo de la Nueva EPS el 16 de enero de 2024. Este abogado defensor del derecho a la salud, quien había sido secretario de salud de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro, reportó en su declaración de renta de 2024 un patrimonio líquido de cero pesos y deudas por 346 millones de pesos. Sus bienes incluían una casa avaluada en 127 millones de pesos y un vehículo de 50 millones, ambos en Bogotá.
Julio Alberto Rincón se convirtió en el primer interventor formal el 3 de abril de 2024. Este médico salubrista con 37 años de experiencia reportó en 2022 un patrimonio líquido de 1.020 millones de pesos. Registró propiedades en Bogotá por 370 millones de pesos y es propietario de la sociedad Comercializadora Internacional Laymar S.A.S., dedicada entre otras actividades al comercio de productos farmacéuticos.
Bernardo Camacho Rodríguez asumió en noviembre de 2024 como segundo interventor. Este médico cirujano reportó en 2024 un patrimonio líquido de 981 millones de pesos. Su gestión fue cuestionada porque la Contraloría alertó que no se entregaron los estados financieros durante su administración, lo que llevó a prorrogar la intervención un año más. Posteriormente fue nombrado Superintendente Nacional de Salud en octubre de 2025.
Gloria Libia Polanía Aguillón se convirtió en la tercera interventora en agosto de 2025. Su gestión estuvo marcada por problemas jurídicos, ya que enfrentaba más de 400 órdenes de arresto por tutelas incumplidas relacionadas con pacientes que reclamaban medicamentos. Reportó en 2023 un patrimonio líquido de 764 millones de pesos y propiedades en Chía por más de 1.300 millones de pesos.
Luis Óscar Galves Mateus es el actual interventor desde noviembre de 2025. Fue cuestionado por la Procuraduría por presuntas irregularidades durante su intervención en el Hospital Departamental de Villavicencio. En su declaración de renta de 2021 reportó un patrimonio líquido de 640 millones de pesos y propiedades en Bogotá y Arauca.
El fracaso colectivo y sus consecuencias humanas
La defensora del pueblo Iris Marín se pronunció sobre el fallecimiento de Kevin Acosta señalando que "el cuidado de la salud de Kevin era responsabilidad del sistema de salud, que no tuvo la capacidad de hacer todo a su alcance". Esta declaración resume el sentir de millones de colombianos afectados por la crisis.
Los cinco interventores, a pesar de sus diferentes perfiles profesionales y patrimonios personales, no han logrado resolver los problemas estructurales de la Nueva EPS. La entidad, que agrupa la mayor cantidad de pacientes del país, sigue presentando fallas críticas en la entrega de medicamentos y en la prestación de servicios de salud básicos.
La intervención gubernamental, que cumplirá dos años en abril próximo, no ha producido los resultados esperados. Mientras tanto, pacientes con enfermedades crónicas y condiciones graves continúan enfrentando barreras para acceder a tratamientos esenciales, poniendo en riesgo sus vidas y evidenciando las profundas fallas del sistema de salud colombiano.
