La 'Paz Total' bajo escrutinio: el parque Tayrona como símbolo de contradicciones
La situación actual en el parque nacional natural Tayrona ha puesto en evidencia las profundas contradicciones de la política de 'Paz Total' promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo que se presenta como una estrategia integral para la pacificación del país parece, en la práctica, una provocación retórica más que una solución efectiva frente a la compleja realidad territorial.
Un cierre que revela más de lo que oculta
La decisión de cerrar temporalmente el parque Tayrona ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos argumentan que era una medida necesaria ante el 'desmadre' de seguridad, otros señalan que las razones de fondo van mucho más allá de lo reconocido oficialmente.
La justificación de Parques Nacionales Naturales como 'medida preventiva para proteger la vida y la integridad' resulta insuficiente cuando se contrasta con el panorama real: una lucha territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que mantiene en vilo a comunidades enteras.
Del discurso a la realidad: ¿qué tan 'total' es esta paz?
La realidad demuestra que esta paz ni es total ni se acerca a lo que tradicionalmente entendemos por paz. Este momento crítico nos obliga a reflexionar sobre nuestro recorrido reciente:
- ¿Hemos olvidado ya los esfuerzos por desarticular el acuerdo de paz durante el gobierno de Iván Duque?
- ¿Recuerdan los críticos más severos la llamada 'política de paz con legalidad'?
- ¿Dónde quedaron los defensores de derechos humanos y medio ambiente en aquel periodo?
Durante el cuatrienio anterior, el lenguaje oficial hablaba de 'paz con seguridad' y 'pacificación de territorios', términos que evocaban la violencia partidista de los años cincuenta. En esos discursos, los campesinos que subsisten de cultivos de coca eran equiparados con grandes narcotraficantes, siguiendo la lógica de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe.
Glifosato y políticas de erradicación: un debate que resurge
Las palabras del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, resuenan con inquietante actualidad: 'Estamos total y absolutamente listos. Los aviones están funcionando todos; los pilotos inician contratos en el curso de los próximos días y van a entrar a entrenamiento'. Esta declaración refleja la mentalidad que normalizaba el glifosato aéreo como una forma de 'monitoreo ambiental', ignorando sus devastadoras consecuencias.
Hoy, algunos sectores políticos y columnistas abogan por repetir el Plan Colombia cuantas veces sea necesario, como si la Comisión de la Verdad nunca hubiera existido y los testimonios de víctimas -en su mayoría indígenas, afros y campesinos- fueran prescindibles.
Los avances y retrocesos de la actual administración
Frente a este panorama, el gobierno Petro ha logrado avances significativos:
- Ha movido la agenda de justicia social hacia lo ambiental y sus luchas
- Ha transformado la cartera de medio ambiente de un paréntesis burocrático a un espacio de lucha y problematización de injusticias
- Ha ampliado lo que entendemos por derechos humanos más allá del limitado enfoque del cuatrienio anterior
Sin embargo, estos logros resultan insuficientes cuando el discurso no se traduce en políticas públicas concretas que materialicen los anhelos de una Colombia más humana. La contradicción se hace evidente cuando el mismo gobierno que critica las políticas del pasado ha cedido, a su manera, al regreso del glifosato en ciertas circunstancias.
El caso del parque Tayrona nos deja una enseñanza clara: mientras las políticas de seguridad sigan desconociendo las complejidades territoriales y las realidades de las comunidades, cualquier discurso de paz -total o parcial- seguirá siendo insuficiente para construir una Colombia verdaderamente en paz.
