Sin aborto libre, la democracia está incompleta: la libertad de decidir como condición mínima de ciudadanía
En la frontera entre Colombia y Ecuador, decenas de mujeres ecuatorianas cruzan hacia el departamento de Nariño cuando no les queda alternativa. En su país, la interrupción voluntaria del embarazo sigue criminalizada y estigmatizada. En Colombia encuentran una posibilidad: un servicio legal, seguro y acompañado por organizaciones y redes feministas.
Esta escena cotidiana en la frontera cuenta una historia más amplia: la de un país que decidió ampliar derechos y que vivió una de sus transformaciones más profundas el 21 de febrero de 2022, cuando la Corte Constitucional falló el caso litigado por el movimiento Causa Justa y despenalizó el aborto, convirtiendo a Colombia en referente global en derechos reproductivos.
Avances concretos en la implementación del derecho
Cuatro años después, un informe del Centro de Derechos Reproductivos elaborado con la Corporación Ecofeminista Comunitar (Cauca), la Fundación Mujer y Futuro (Santander) y la Plataforma Unidas para Avanzar (Nariño) muestra algo fundamental: si el Estado implementa, el derecho se vuelve real.
En el Cauca, la atención de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en hospitales públicos aumentó un 98,4% en un año. Esta cifra no es abstracta: representa mujeres que dejaron de arriesgar su vida en la clandestinidad y accedieron, por fin, a atención médica segura.
En Nariño se fortalecieron:
- Guías de atención en el primer nivel de salud
- Protocolos postaborto
- Programas de educación sexual integral
Estas medidas permitieron que los embarazos adolescentes se redujeran significativamente en el último año. Incluso en Santander, donde persisten barreras graves, se han consolidado procesos pedagógicos y mecanismos de monitoreo ciudadano que abren la puerta a mejoras estructurales.
Desafíos persistentes y desigualdades regionales
Sin embargo, el mismo estudio advierte que el acceso sigue dependiendo del lugar donde se vive. Puede hacerse más frágil en zonas rurales y fronterizas, y resultar casi una odisea en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
En Santander, por ejemplo, algunas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) se declaran sistemáticamente "incompetentes" para eludir su obligación legal de brindar servicios de aborto. En zonas más afectadas por el conflicto armado, como el Catatumbo, actores armados ilegales:
- Imponen restricciones de movilidad
- Ejercen control sobre los cuerpos de las mujeres
- Imponen maternidades forzadas
- Limitan acceso a anticonceptivos
La situación de las mujeres migrantes
A esto se suma la realidad de las mujeres migrantes que enfrentan:
- Discriminación por su origen
- Falta de información accesible
- Negación del servicio por falta de documentos
Esta situación persiste pese a que la ley colombiana y la sentencia C-055 que despenalizó el aborto reconocen la IVE como una atención de urgencia que no puede estar condicionada al estatus migratorio.
Todas estas barreras vulneran la autonomía reproductiva y constituyen violencia reproductiva. Por ello, en un año electoral como 2026, conviene recordar algo básico: sin aborto libre, la democracia está incompleta, porque la libertad de decidir es una condición mínima de ciudadanía.
La promesa de igualdad que aún debe cumplirse
Si una mujer necesita permiso para salir de su territorio a recibir atención médica, si su acceso depende del miedo o de la voluntad de un funcionario, el ejercicio de sus derechos se limita y la promesa de igualdad se rompe.
Cuatro años después de Causa Justa, la pregunta no es si el derecho existe. Existe. La pregunta es cómo vamos a garantizarlo en cada hospital, en cada vereda, en cada frontera. Colombia tiene hoy la oportunidad de seguir trabajando para demostrar que decidir sobre la propia vida es la base de cualquier sociedad libre y democrática.
La implementación efectiva del derecho al aborto sigue siendo un desafío que requiere compromiso institucional, recursos adecuados y voluntad política para llegar a todas las mujeres, especialmente a las más vulnerables en zonas rurales, fronterizas y afectadas por el conflicto.
