La Defensoría del Pueblo emitió una advertencia al presidente Gustavo Petro sobre los posibles riesgos de la suspensión de órdenes de captura y el establecimiento de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para grupos armados. La entidad recordó que las ZUT deben establecerse únicamente cuando el proceso de paz se encuentre en un estado avanzado y el desarme parezca cercano.
Las ZUT y su marco legal
Tras conocerse que el Frente Comuneros del Sur, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y el Clan del Golfo tendrán sus ZUT, la Defensoría subrayó que, aunque el presidente tiene discrecionalidad para adoptar la medida y solicitar la suspensión de órdenes de captura, las decisiones deben contar con motivación suficiente, delimitación temporal, territorial y personal, así como mecanismos efectivos de control y verificación.
¿El proceso con grupos armados ha avanzado lo suficiente?
Para medir el avance de los diálogos bajo la política de paz total, el Gobierno estableció tres fases: desescalamiento de violencias, transformación territorial y tránsito a la civilidad de los integrantes de grupos armados. Según la Defensoría, las ZUT solo deben instalarse cuando sea viable el desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil. De momento, no existen mecanismos de verificación y monitoreo para establecer el nivel de avance de los procesos activos de manera diferenciada.
Llamado a reconsiderar la decisión
La Defensoría instó al presidente a sustentar la idoneidad de las medidas para lograr el desarme, no como algo hipotético, sino cercano. Hasta entonces, advierten riesgos en la reparación de víctimas, las elecciones presidenciales de 2026 y el respeto a comunidades concentradas en las ZUT, incluyendo grupos indígenas. El llamado es a motivar adecuadamente las decisiones y mitigar estos riesgos antes de avanzar en traslados y concentraciones.



