Procuraduría sanciona a alcalde y exalcalde de Ginebra por incumplir orden judicial de reintegro
La Procuraduría General de la Nación ha impuesto una severa sanción al alcalde de Ginebra, Valle del Cauca, Jesús Fernando Martínez Cardona, suspendiéndolo e inhabilitándolo por 10 meses para ejercer cargos públicos. Esta medida disciplinaria se debe a su omisión en el cumplimiento de una sentencia judicial de segunda instancia que ordenaba el reintegro de un funcionario a su cargo anterior.
Detalles de la conducta sancionada
Según los documentos de la Procuraduría, el mandatario municipal incurrió en esta falta desde su posesión el 1 de enero de 2024 y, al menos, hasta el 7 de enero de 2026. La entidad de control confirmó que el alcalde pasó por alto el restablecimiento que le asistía al servidor público para regresar al cargo que ocupaba cuando fue retirado u ocupar uno similar o equivalente.
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Buga había establecido en fallo de primera instancia que existía una obligación clara de cumplir con lo ordenado judicialmente, obligación que fue sistemáticamente ignorada por la administración municipal.
Sanción extendida al exalcalde
En un hecho relacionado, la misma entidad sancionó por 12 meses al exalcalde Álvaro Alfonso Domínguez Villamil, quien ejerció el cargo durante el período 2020-2023. Domínguez Villamil tampoco ejecutó lo ordenado por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Guadalajara de Buga cuando se encontraba al frente de la administración municipal.
La Procuraduría determinó que ambos funcionarios quebrantaron los principios fundamentales de moralidad y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones públicas. De manera definitiva, la entidad calificó la conducta de ambos como falta grave cometida a título de culpa gravísima.
Implicaciones de las sanciones
Las sanciones impuestas tienen importantes consecuencias:
- Para el alcalde actual: Suspensión inmediata de sus funciones por 10 meses e inhabilidad especial para ejercer cargos públicos durante ese mismo período.
- Para el exalcalde: Inhabilidad de 12 meses para acceder a cargos públicos, afectando su posibilidad de participar en procesos de elección o nombramiento.
- Para el funcionario afectado: Se mantiene vigente la orden judicial de reintegro que dio origen a este proceso disciplinario.
Este caso destaca la importancia del cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de las autoridades locales y refuerza el papel de la Procuraduría como ente de control del ejercicio de la función pública en Colombia.
