La justicia colombiana ratifica sentencia por crimen de alto impacto internacional
En un fallo contundente que cierra otro capítulo judicial del resonante caso, la Corte Suprema de Justicia mantuvo en firme la condena a 35 años de prisión contra Margareth Chacón, una de las personas implicadas en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El crimen ocurrió el 10 de mayo de 2022 en una playa privada de Barú, Cartagena, y desde entonces ha generado múltiples procesos judiciales.
Recurso de tutela rechazado por falta de fundamento
En diciembre de 2025, Chacón y su equipo de defensa interpusieron una acción de tutela ante la Sala de Casación Civil del alto tribunal, solicitando la anulación de la sentencia condenatoria y la realización de un nuevo juicio. En su recurso, argumentaron que el fiscal Maro Burgos, quien lideró inicialmente la investigación, habría ocultado más del 85% de la información del caso, incluyendo pruebas cruciales que podrían demostrar su inocencia.
Según la defensa, esta presunta omisión habría impedido que Chacón pudiera ejercer adecuadamente su derecho a la defensa durante el proceso judicial. Sin embargo, la Corte Suprema evaluó minuciosamente estos argumentos y determinó que carecían de sustento jurídico.
Fundamentos de la decisión judicial
La Sala de Casación Civil concluyó que no existían evidencias que demostraran que el fiscal Burgos hubiera violado el debido proceso. En su pronunciamiento, el tribunal señaló que los argumentos presentados por Chacón se basaban en "hipótesis fácticas sin sustento jurídico" y en "señalamientos propios del escenario litigioso" que no justificaban la admisión de la tutela.
El fallo destaca que Chacón fue hallada responsable de homicidio agravado, aunque absuelta del cargo de porte ilegal de armas de fuego. La sentencia original fue emitida el 15 de febrero de 2024 por el juez tercero penal de Cartagena, y posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de la capital de Bolívar el 27 de septiembre del mismo año.
Antecedentes del caso en instancias superiores
Este no es el primer recurso que Chacón presenta ante la Corte Suprema. En junio de 2025, el alto tribunal ya había resuelto un recurso de casación en el que la defensa argumentaba que su clienta no había tenido un rol articulador en el crimen y que el préstamo de un vehículo relacionado con el homicidio no era suficiente para vincularla con el asesinato.
La Corte desestimó estos argumentos, señalando que las pruebas demostraban que Chacón "decidió hacer parte del grupo encargado de dirigir el proyecto criminal" y que proporcionó apoyo logístico constante para la llegada, permanencia y salida de todos los integrantes del grupo después de perpetrado el homicidio.
Contexto reciente y testimonios contradictorios
La decisión de la Corte Suprema se conoce pocas semanas después de que Andrés Felipe Pérez Hoyos, considerado testigo clave en el expediente del fiscal Pecci, acusara públicamente al fiscal Burgos de "ocultar la verdad". Según su versión, el entonces fiscal se habría negado a negociar con él un preacuerdo o principio de oportunidad.
Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que el fiscal Burgos sí intentó contactar a Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos en noviembre de 2023, abril y mayo de 2024, incluso solicitando formalmente reuniones en la cárcel El Barne de Boyacá, donde ambos permanecen recluidos. Contrario a las acusaciones públicas, ambos testigos se negaron a hablar con el investigador del caso.
El asesinato de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo especializado en crimen organizado, conmocionó a la comunidad internacional y puso en evidencia los riesgos que enfrentan los funcionarios judiciales en la región. El caso continúa generando atención tanto en Colombia como en Paraguay, donde se espera que todos los responsables reciban sanciones proporcionales a la gravedad del crimen.
