Procuraduría formula cargos a exalcalde de Bugalagrande por presunto nombramiento irregular en hospital público
La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos disciplinarios contra el exalcalde de Bugalagrande, Valle del Cauca, Julio César Rojas Trujillo, quien ejerció el cargo durante el período 2020-2023. La investigación se centra en presuntas irregularidades cometidas durante el nombramiento del jefe de la Oficina de Control Interno del Hospital San Bernabé ESE, una entidad pública de salud que atiende a la comunidad de esta región del país.
Detalles de la investigación
Según la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, el entonces mandatario municipal habría designado en el cargo clave de control interno a Yesid Zorrilla Bolaños, quien presuntamente no cumplía con los requisitos académicos y reglamentarios exigidos para ejercer esa función dentro de la entidad hospitalaria. El ente de control ha señalado que el funcionario nombrado aparentemente no contaba con los estudios requeridos para aplicar al manual de funciones y competencias laborales, documento fundamental que establece los perfiles, responsabilidades y exigencias técnicas para cada cargo en la administración pública.
En el pliego de cargos se establece que Rojas Trujillo omitió su deber funcional de verificar previamente el cumplimiento de los requisitos reglamentarios antes de proceder con el nombramiento. Esta omisión, según la Procuraduría, podría vulnerar principios fundamentales que rigen la función administrativa, incluyendo:
- La moralidad en el ejercicio del poder público
- La transparencia en los procesos de designación
- La responsabilidad en la toma de decisiones
Calificación de la conducta y proceso en curso
El órgano de control ha calificado de manera provisional la conducta del exalcalde como falta grave cometida a título de culpa grave. Esto significa que, según el análisis preliminar, Rojas Trujillo habría incurrido en una actuación con negligencia significativa en el cumplimiento de sus deberes legales, aunque sin que necesariamente medie intención dolosa. El proceso disciplinario se encuentra actualmente en etapa de juzgamiento, lo que implica que el exmandatario tendrá la oportunidad de:
- Presentar sus descargos y defensa técnica
- Solicitar y aportar pruebas que respalden su posición
- Ejercer su derecho al debido proceso establecido en la ley
Será la Procuraduría General de la Nación la que, tras evaluar todo el material probatorio recaudado, determine si hay lugar a una eventual sanción disciplinaria contra el exfuncionario público.
Contexto nacional y relevancia del caso
Este caso se suma a otros procesos que el Ministerio Público adelanta en distintas regiones del país relacionados con presuntas irregularidades en la provisión de cargos públicos. Particularmente en el sector salud, donde los controles internos cumplen un papel fundamental en la vigilancia de la gestión administrativa y financiera de las instituciones, estos nombramientos adquieren especial relevancia para garantizar la correcta administración de los recursos públicos.
La investigación fue asumida por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, entidad competente en la región donde ocurrieron los hechos. Es importante destacar que la decisión de formular pliego de cargos no constituye una sanción definitiva, sino un acto procesal mediante el cual se comunican formalmente las presuntas faltas y se da apertura a la etapa de defensa dentro del proceso disciplinario, garantizando así los derechos fundamentales del investigado.
