Marta Lucía Ramírez advierte sobre riesgos a la democracia por declaraciones presidenciales
La exvicepresidenta y columnista Marta Lucía Ramírez ha emitido una alerta contundente sobre los riesgos que enfrenta la democracia colombiana en el actual contexto electoral. En un análisis profundo, Ramírez señala que el país se encuentra a apenas dos semanas de elegir nuevo Congreso y de definir candidatos presidenciales para las consultas del 31 de mayo, un momento que exige serenidad y responsabilidad institucional.
Un contexto democrático tensionado
La democracia colombiana enfrenta múltiples tensiones según el análisis de Ramírez:
- Desconfianza generalizada en el Congreso y los partidos políticos tradicionales
- Polarización creciente que divide a la sociedad
- Hastío ciudadano frente al clientelismo, la corrupción y la voracidad burocrática en época electoral
- Presencia de actores armados en cientos de municipios, según advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE)
- Fatiga social acumulada por años de crisis institucionales
La calidad de una democracia depende fundamentalmente de sus líderes y de la ética, rigor intelectual y responsabilidad cívica tanto de candidatos como de electores. Nuestra democracia está en un punto crítico que requiere participación masiva, consciente y libre en las urnas para cerrar el paso a la compra de votos y cualquier delito electoral.
El papel del jefe de Estado en tiempos convulsos
Ramírez enfatiza que el mundo atraviesa una etapa particularmente convulsa, con baja capacidad de las instituciones multilaterales para enfrentar desafíos democráticos. En este contexto, la obligación fundamental de todo jefe de Estado es fortalecer las instituciones internas y conducir con firmeza el timón del Estado para mantener la confianza entre gobernados e instituciones.
La democracia no se sostiene solamente en normas escritas, sino en la participación ciudadana activa y en la confianza en el voto libre. Las reglas electorales representan el mínimo común entre competidores que pueden discrepar en muchos aspectos, pero que aceptan al árbitro institucional.
La paradoja de las declaraciones presidenciales
La columnista señala una paradoja significativa: Gustavo Petro ha sido elegido seis veces desde 1998 como representante, senador, alcalde de Bogotá, nuevamente senador y presidente. Si agregamos su elección como concejal de Zipaquirá en 1984, son siete las ocasiones en que ha reclamado victoria en las urnas, confiando en el mismo sistema electoral que ahora cuestiona.
"Entonces, esas autoridades que le brindaron garantías y lo declararon electo eran confiables, ¿por qué ahora, según él, dejaron de serlo?", cuestiona Ramírez en su análisis.
El camino institucional frente a las sospechas
En democracia es legítimo exigir garantías y denunciar irregularidades con pruebas concretas. No lo es sembrar sospechas sin sustento ante la opinión pública. Las campañas políticas y los ciudadanos cuentan con múltiples mecanismos:
- Testigos electorales en todas las mesas de votación
- Veedurías ciudadanas independientes
- Acceso directo a organismos de control electoral
- Recursos judiciales para impugnar resultados
El camino correcto es siempre el institucional. Sin aceptación de resultados por parte de los actores políticos, ningún diseño institucional podrá funcionar adecuadamente.
El peligro de la deslegitimación anticipada
Instalar anticipadamente la narrativa de fraude electoral erosiona la confianza ciudadana e incentiva movilizaciones conflictivas que podrían desestabilizar aún más el orden público. En un país ya polarizado como Colombia, el efecto de esas palabras es particularmente profundo y peligroso.
"Exigimos responsabilidad política y que las declaraciones presidenciales se ciñan a la verdad y a la técnica", afirma Ramírez. El cuestionamiento insistente al software electoral y a la transparencia del proceso no es menor en una Colombia con baja confianza institucional histórica.
Si existen pruebas concretas de irregularidades, deben presentarse ante las autoridades competentes; de lo contrario, el único efecto posible es generar pánico social y deslegitimación institucional.
La responsabilidad del presidente como garante electoral
El jefe de Estado tiene la obligación de coordinar a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y todas las entidades competentes para blindar la elección, en lugar de alimentar sospechas infundadas, sugerir manipulaciones sin pruebas y desalentar la participación ciudadana predisponiendo al desconocimiento de resultados.
La deslegitimación anticipada del proceso electoral es particularmente peligrosa en el actual ambiente tensionado. La palabra "fraude", lanzada irresponsablemente, podría detonar consecuencias impredecibles para la estabilidad democrática.
"El país necesita estadistas que protejan la institucionalidad y no agitadores que la pongan en riesgo", concluye Ramírez en su llamado a la responsabilidad.
Un llamado a la acción ciudadana
Cuidar a Colombia y a la democracia significa hoy, según el análisis de Marta Lucía Ramírez, votar masivamente en las próximas elecciones y exigir máxima responsabilidad a quien ocupa la Presidencia de la República. La participación ciudadana informada y comprometida sigue siendo el mejor antídoto contra cualquier amenaza a la institucionalidad democrática.
