El contraste histórico: consenso de 1991 versus propuesta unilateral actual
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 representó un momento excepcional en la historia colombiana, donde se logró un amplio consenso nacional que incluyó a todos los partidos y movimientos políticos activos en esa época. Este proceso histórico contó incluso con la participación del Movimiento 19 de abril, organización en la que militaba el entonces joven Gustavo Petro. El objetivo fundamental era transformar una Carta Magna vigente desde 1886, que sustentaba un régimen excesivamente centralista y confesional, mantenido por una hegemonía conservadora que se extendió por 44 años.
Antecedentes del cambio constitucional
El camino hacia la nueva constitución estuvo marcado por décadas de tensiones políticas. Tras la guerra civil desatada por el ala extremista del Partido Conservador entre 1946 y 1953 -conflicto que cobró cientos de miles de víctimas- se estableció un acuerdo bipartidista que repartió el poder de manera paritaria entre 1960 y 1974. El progresivo desgaste de este sistema condujo finalmente a la convicción colectiva de que era necesario un cambio profundo, el cual se materializó de manera pacífica y consensuada en la Constitución Política de 1991.
La iniciativa actual: un enfoque radicalmente diferente
La propuesta que actualmente impulsa el presidente Gustavo Petro presenta características fundamentalmente distintas. Se trata de una iniciativa promovida por una única fuerza política en el poder, que considera necesario modificar las reglas de juego que precisamente le permitieron alcanzar la presidencia en 2022. El objetivo declarado sería perpetuar a su partido en la jefatura del Estado, según analistas consultados.
El mandatario ha insistido en que la Constitución "se ha quedado corta ante los desafíos de los tiempos que corren", especialmente frente a lo que denomina un 'bloqueo institucional' por parte del Legislativo. En sus declaraciones públicas, Petro ha enumerado la amplia temática que contemplaría su proyecto constituyente, incluyendo:
- Reformas sociales actualmente bloqueadas en el Congreso
- Cambios profundos al sistema educativo nacional
- Una transformación agraria de gran alcance
- Medidas de adaptación a la crisis climática
- Procesos de descarbonización de la economía
- Un nuevo ordenamiento territorial del país
La visión del gobierno y las críticas
Previamente, el exministro de Justicia Eduardo Montealegre había lanzado la propuesta con un llamado a "iniciar la gran marcha para construir la nueva Constitución del cambio social". En su planteamiento, se afirma que "derrotar el bloqueo institucional que impide el progreso" y "vencer la toma del país por sectores que quieren devolver la rueda imparable de la historia" constituye el mayor desafío de Colombia en el siglo XXI.
Esta perspectiva ha generado preocupación entre analistas políticos, quienes señalan que el discurso oficial tiende a presentar a quienes no están de acuerdo con el gobierno como facilitadores de proyectos de extrema derecha. Esta caracterización dejaría por fuera al amplio espectro del centro político colombiano e incluso a sectores de derecha respetuosos de los mecanismos democráticos, erigiendo al oficialismo como la única fuerza legítima para dirigir el país.
El debate sobre el "bloqueo institucional"
El argumento central del gobierno sobre la existencia de un bloqueo institucional ha sido cuestionado por expertos constitucionalistas. Como lo afirma el abogado Vicente Benítez, de la Universidad de Nueva York, "los desacuerdos legislativos no constituyen automáticamente un obstáculo jurídico". El experto añade que "no hay ninguna regla que señale que, si ha habido una deliberación suficiente y transparente y aun así no se logran mayorías, eso constituye un bloqueo. Eso es democracia".
Para Benítez, las diferencias políticas dentro del Congreso de la República forman parte del funcionamiento natural del sistema representativo, donde la negociación y el consenso son elementos esenciales del proceso legislativo.
Los riesgos de modificar la Carta de 1991
El constitucionalista advierte sobre el peligro de eliminar "el proyecto político y jurídico más importante que quizás ha tenido Colombia en su historia: la Constitución de 1991". Benítez destaca que aquel proceso constituyente fue "amplio y democrático", representando "una de las pocas ocasiones admirables de este país, donde personas con ideas muy distintas se sentaron a dialogar y llegaron a consensos".
Finalmente, expertos consultados coinciden en que lo que fue discutido y acordado por todas las fuerzas políticas del país hace más de tres décadas no puede ser abolido por uno solo de los partidos que participó en su deliberación, especialmente cuando esto ocurriría en detrimento de todos los demás actores políticos. La Constitución de 1991 sigue representando un pacto social que trasciende a gobiernos particulares y refleja la voluntad colectiva de una nación que buscó superar décadas de conflicto y exclusión política.
