Petro reactiva plazoletazos tras suspensión del salario mínimo vital por Consejo de Estado
El más reciente plazoletazo del presidente Gustavo Petro se llevó a cabo el pasado 7 de enero, pero esta estrategia para movilizar a su electorado retomará fuerza con todo el debate del salario mínimo y la campaña electoral que se avecina. La situación se ha intensificado tras una decisión judicial que ha generado una rápida reacción en las redes sociales y en las calles.
La suspensión del decreto y la respuesta inmediata
Pasaron exactamente 45 días entre la expedición del decreto que aumentó en un 23% el salario mínimo, bajo el precepto de hacerlo "vital", y la orden del Consejo de Estado que lo suspendió. El alto tribunal exige al Gobierno que sustente a fondo esta medida con apego a la normatividad vigente, e incluso que lo recalcule si es necesario.
En un giro sorprendente, solo se necesitaron unos 45 minutos de diferencia entre que se hiciera pública la medida del Consejo de Estado y que comenzaran a viralizarse en redes sociales los mensajes convocando a nuevas movilizaciones. Estas protestas buscan defender el incremento salarial y, de paso, rodear y apoyar al gobierno de Petro en medio de este controvertido escenario.
El contexto político y las implicaciones
Este episodio subraya la tensión entre el poder ejecutivo y el judicial en Colombia, especialmente en temas sensibles como el salario mínimo. El decreto presidencial, que pretendía establecer un salario vital, ha encontrado resistencia legal, lo que podría afectar la agenda económica y social del gobierno.
Las movilizaciones convocadas reflejan la polarización política y la capacidad de Petro para activar a su base de apoyo en momentos críticos. Con las elecciones de 2026 en el horizonte, este tipo de eventos podrían moldear el panorama electoral y las alianzas políticas en el país.
- El Consejo de Estado suspendió el aumento del salario mínimo decretado por Petro.
- Se exige un sustento legal más sólido para justificar el incremento del 23%.
- En menos de una hora, se organizaron protestas en defensa del decreto.
- Este caso resalta los desafíos en la implementación de políticas económicas.
La rápida movilización ciudadana tras la decisión judicial demuestra cómo los temas laborales y económicos pueden convertirse en catalizadores de acción política. El gobierno ahora enfrenta el reto de responder a las exigencias del Consejo de Estado mientras mantiene el apoyo popular en un clima de incertidumbre legal y social.
