La manipulación de causas sociales en la política colombiana
La izquierda progresista ha desarrollado una estrategia política que consiste en manipular causas socialmente aceptadas para buscar el favor del electorado y, posteriormente, conservar el poder con acceso ilimitado al erario público. Este fenómeno representa un desafío fundamental para la democracia y la sostenibilidad fiscal del país.
El dilema de las demandas sociales legítimas
¿Quién podría oponerse a que un anciano en situación de pobreza reciba una mejor mesada de subsistencia? Nadie en su sano juicio se manifestaría en contra. Sin embargo, la pregunta crucial es: ¿existen los recursos para financiar este incremento? Lo mismo aplica para el aumento del salario mínimo que permita mayor bienestar a los trabajadores, o para la creación masiva de empleos públicos por parte del Estado.
El columnista Amylkar Acosta plantea en su análisis "La Colombia vulnerable" que estas demandas, aunque legítimas en principio, se convierten en herramientas políticas cuando no existe una correspondencia con la capacidad real de pago del Estado.
El caso de la emergencia en Córdoba
Un ejemplo concreto se presenta con la declaratoria de emergencia en departamentos afectados por inundaciones, particularmente en Córdoba, una región ganadera devastada por las lluvias. Nadie podría oponerse razonablemente a esta medida de excepción. Sin embargo, el problema radica en cómo el Gobierno utiliza los mecanismos que esta declaratoria habilita.
El estado de excepción permite arbitrar recursos mediante tres vías principales:
- Endeudamiento público adicional
- Creación de nuevos impuestos
- Reducción del gasto en otras áreas
Para un gobierno de corte populista, la reducción del gasto no representa una opción viable, especialmente en períodos preelectorales donde se busca captar apoyo ciudadano.
La contratación electoral y el gasto desbordado
La Contraloría General de la República descubrió que, solamente durante el mes de enero, antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías (que según el análisis no garantiza realmente transparencia), el Gobierno estableció un récord histórico en lo que se ha denominado "contratación electoral".
Los números son elocuentes:
- 164.813 contratos otorgados
- Valor total de 14,9 billones de pesos
- 325.000 empleos públicos creados adicionalmente para 2025
Este nivel de gasto ha llevado a calificar la situación como una "democracia costosa" que compromete el futuro económico del país.
El endeudamiento como solución insostenible
Al carecer de recursos genuinos para financiar subsidios cuestionables (como el programa de transferencias condicionadas) y ajustes salariales masivos, el Gobierno ha recurrido a una expansión agresiva del endeudamiento público.
La deuda nacional ha escalado desde 804 billones de pesos hasta alcanzar 1.180 billones, lo que representa un incremento de 376 billones en deuda nueva. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿en qué se han utilizado específicamente estos recursos?
La carga impositiva sobre las empresas
Ante la insuficiencia de otras fuentes de financiamiento, el Gobierno ha anunciado la implementación de un Impuesto al Patrimonio empresarial con las siguientes características:
- Tasa del 0,6% sobre patrimonios líquidos
- Aplicable a partir de aproximadamente 10.000 millones de pesos
- Afecta principalmente al rango superior de pequeñas empresas y al inferior de medianas empresas
Este sector empresarial representa una fuente crucial de generación de empleo formal en Colombia. El impuesto, sumado al costoso ajuste del salario mínimo, podría conducir al cierre de numerosas empresas y a la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Consecuencias para la democracia colombiana
La estrategia política descrita constituye un sacrificio no presupuestado que el Gobierno traslada al sector productivo, después de haber realizado contrataciones masivas por 15 billones de pesos en un solo mes. Esta situación representa:
- Una burla a la Ley de Garantías electorales
- Una descarada compra de votos mediante el uso de recursos públicos
- Una lesión profunda a los principios democráticos
El análisis concluye que Colombia enfrenta el desafío de una "democracia costosa" donde las causas sociales legítimas son instrumentalizadas para fines políticos inmediatos, comprometiendo la sostenibilidad fiscal y el futuro económico del país.
