Coalición social defiende a RTVC y cuestiona presión mediática en carta a Gustavo Petro
Una amplia coalición de organizaciones sociales, lideresas comunitarias, periodistas y sectores del feminismo popular hizo pública una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que expresan su firme respaldo al sistema de medios públicos RTVC y defienden la figura de su gerente, Hollman Morris. El documento advierte sobre lo que consideran una clara instrumentalización del escándalo mediático actual en Colombia, desviando el debate sobre el acoso sexual hacia intereses políticos particulares.
Crítica al manejo del debate sobre acoso en medios
Las firmantes aseguran que forman parte activa del proyecto de cambio político en Colombia y que su pronunciamiento no surge como una petición aislada, sino como una exigencia ética fundamental dentro del mismo proceso transformador. "No lo miramos desde afuera, lo hemos construido desde los territorios... y por eso hoy le escribimos", señalan con contundencia, insistiendo en que el cambio debe sostenerse sobre un presupuesto ético irrenunciable que no puede ser negociado.
Uno de los puntos centrales de la carta es la crítica profunda al manejo del debate nacional sobre el acoso en medios de comunicación, el cual —afirman con firmeza— ha sido desviado estratégicamente hacia intereses políticos específicos. "El debate nacional sobre el acoso en los medios ha sido capturado por una operación que, lejos de buscar justicia para las mujeres, busca debilitar una institución pública que incomoda al poder mediático privado", sostienen las organizaciones con preocupación evidente.
Contraste entre medios privados y situación de Hollman Morris
Las organizaciones recuerdan con detalle que los casos de acoso sexual y laboral en medios privados colombianos no son fenómenos recientes ni aislados. Según el texto, estos hechos documentados se remontan a los años 2017, 2019 y 2023, con testimonios concretos de mujeres periodistas que trabajaron en canales como Caracol Televisión y RCN Televisión. "Cada vez que una mujer ingresó a la oficina de un presentador estrella... salió con miedo, con vergüenza y con la certeza de que si hablaba perdería su trabajo", denuncia la carta con crudeza descriptiva.
En marcado contraste, el documento aborda la situación específica del gerente de RTVC, Hollman Morris, señalando que, hasta el momento actual, no ha sido sancionado judicialmente por ninguna instancia. "A la fecha... no ha sido sancionado penal, disciplinaria ni fiscalmente... Tampoco existen procesos abiertos en su contra", subrayan las firmantes, haciendo especial énfasis en la importancia fundamental de respetar el debido proceso legal y la presunción de inocencia como pilares del Estado de derecho.
"Las redes sociales y los medios no son estrados judiciales", agregan con claridad, advirtiendo que sustituir a la justicia formal por la presión mediática inmediata puede debilitar tanto la institucionalidad democrática como la lucha real y efectiva contra el acoso sexual en todos los ámbitos laborales.
Defensa del sistema de medios públicos y advertencia sobre duopolio
Otro eje clave del pronunciamiento colectivo es la defensa vigorosa del sistema de medios públicos colombianos. Las firmantes plantean interrogantes profundos sobre el contexto político en el que surge la actual polémica: "¿A quién le conviene que RTVC esté en el centro de una crisis justo cuando el escándalo golpea a Caracol y RCN?", cuestionan con suspicacia evidente.
En esa línea argumentativa, sostienen con convicción que durante décadas existió en Colombia un duopolio mediático claro que definió unilateralmente la agenda informativa del país, y que la llegada de Hollman Morris a la dirección de RTVC representó una apertura democrática hacia narrativas diversas centradas en los territorios, las víctimas del conflicto armado y comunidades históricamente excluidas. "Debilitar su figura es debilitar la institución pública que representa", afirman con preocupación genuina.
Rechazo al uso político del feminismo y exigencias concretas
Desde el enfoque particular del feminismo popular, la carta también rechaza categóricamente el uso político oportunista de las denuncias de género. "No podemos guardar silencio ante el uso oportunista de la causa de las mujeres para fines que le son contrarios", expresan con firmeza, advirtiendo que instrumentalizar el lenguaje feminista constituye una forma sofisticada de violencia simbólica contra el movimiento.
Las firmantes enfatizan repetidamente que la justicia real para las víctimas no puede basarse en "linchamientos mediáticos" espectaculares, sino en procesos judiciales sólidos, transparentes y respetuosos. "La reparación verdadera exige procesos serios y no espectáculos mediáticos", señalan con claridad, al tiempo que llaman a evitar divisiones internas peligrosas que puedan ser aprovechadas estratégicamente por sectores de poder tradicional.
En el tramo final del documento extenso, las organizaciones presentan una serie de exigencias concretas y específicas al Gobierno nacional actual:
- Que el debate público se enfoque genuinamente en el patrón estructural de acoso en medios privados colombianos
- Que se investigue con el mismo rigor judicial a todos los actores involucrados, sin excepciones ni privilegios
- Que se fortalezca institucionalmente a RTVC como medio público con independencia editorial real y recursos suficientes
- Que exista coherencia política en la defensa del feminismo como movimiento transformador
- Que se implementen protocolos efectivos de prevención y sanción del acoso en todos los medios del país
"La comunicación pública es un bien común esencial... defenderla no es defender a un individuo particular, es defender el derecho fundamental de los pueblos a tener medios que los representen auténticamente", concluye la carta con contundencia democrática.
El pronunciamiento colectivo, respaldado por decenas de organizaciones sociales, feministas, indígenas, sindicales y comunitarias de todo el territorio nacional, se posiciona como una intervención política clave en medio del actual debate nacional sobre medios de comunicación, poder económico y justicia social, planteando un llamado directo y urgente al Gobierno para que el proyecto de cambio mantenga coherencia ética en medio de la controversia mediática actual.
