Procuraduría solicita suspensión inmediata del nuevo pasaporte colombiano
La Procuraduría General de la Nación ha presentado una solicitud formal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que adopte una medida cautelar que detenga completamente el nuevo esquema de expedición de pasaportes colombianos. Esta acción se produce después de que el organismo de control identificara posibles fallas sustanciales en los acuerdos firmados entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal.
Irregularidades en los contratos internacionales
La solicitud fue presentada en días recientes, justo cuando se implementaba el modelo promovido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según información confirmada, la Procuraduría pidió específicamente suspender los efectos de los contratos mientras se realiza un análisis exhaustivo de su legalidad, al considerar que existen dudas fundamentales sobre la forma en que fueron estructurados estos acuerdos internacionales.
Entre las principales preocupaciones del Ministerio Público se encuentran:
- Ausencia de análisis previos que respalden la decisión de contratar directamente con la entidad portuguesa
- Limitación de la transparencia del proceso de contratación
- Restricción en la posibilidad de comparar diferentes opciones disponibles en el mercado internacional
Cuestionamientos a la naturaleza jurídica de la contraparte
Un aspecto particularmente preocupante para la Procuraduría tiene que ver con la naturaleza jurídica de la Casa de la Moneda de Portugal. Según las investigaciones del ente de control, esta institución no tendría el carácter de entidad pública en su país de origen, lo que pondría en serio entredicho la validez del mecanismo utilizado para concretar el acuerdo.
Esta situación es especialmente delicada porque los convenios interadministrativos, como el que se pretende implementar, requieren que todas las partes involucradas sean entidades estatales reconocidas oficialmente por sus respectivos gobiernos.
Preocupaciones adicionales identificadas
A estas observaciones principales se suman otras inquietudes igualmente relevantes:
- La forma en que se autorizaron los compromisos presupuestales a futuro
- El proceso de aprobación del convenio internacional
- El manejo de pagos en divisas extranjeras
- La distribución de responsabilidades entre las entidades participantes
Rol limitado de la Imprenta Nacional de Colombia
En una actuación preventiva adelantada en agosto de 2025, la Procuraduría ya había concluido que la Imprenta Nacional de Colombia tendría una participación significativamente reducida dentro del nuevo modelo. Según los análisis técnicos, su intervención se concentraría principalmente en la personalización de los documentos, mientras que las labores fundamentales de producción quedarían en manos del operador extranjero.
Este esquema operativo, según la evaluación del Ministerio Público, altera sustancialmente la esencia de lo que debería ser un convenio interadministrativo genuino, ya que una de las entidades públicas colombianas involucradas no asumiría funciones realmente sustanciales dentro del proceso.
Recomendación de licitación abierta
En este contexto, la Procuraduría considera que lo procedente habría sido adelantar una licitación abierta que permitiera la participación de distintos proveedores nacionales e internacionales con experiencia comprobada en el sector de seguridad documental. Este mecanismo habría garantizado mayor transparencia, competitividad y mejores condiciones para el Estado colombiano.
El organismo de control también ha enfatizado en la necesidad de una decisión rápida por parte de la justicia administrativa. Desde su perspectiva jurídica, permitir que el modelo continúe ejecutándose podría consolidar situaciones contractuales y operativas que serían extremadamente difíciles de revertir en el futuro, con posibles consecuencias financieras y legales para el Estado colombiano.
La Procuraduría mantiene que su solicitud de medida cautelar busca proteger el interés público y garantizar que los procesos de contratación internacional se realicen con total apego a la legalidad, la transparencia y las mejores prácticas de gestión pública.
