Emergencia económica en Colombia: uso histórico y frecuencia bajo el gobierno Petro
Ante la crítica situación que enfrentan varios departamentos del norte del país debido a las fuertes lluvias recientes, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional que levantara la suspensión de la emergencia económica. El mandatario ha insistido en la prioridad de esta medida para garantizar recursos suficientes y atender la contingencia en regiones como Córdoba, Sucre y Antioquia.
"Debo declarar de nuevo la emergencia en la región y puede extenderse al país", afirmó Petro a través de la red social X. Sin embargo, esta figura no es novedosa en su administración, ya que ha sido empleada en múltiples ocasiones y contextos diferentes a lo largo de su mandato.
Emergencia económica: una medida de uso recurrente
Durante su presidencia, Gustavo Petro ha recurrido en varias ocasiones a decretos de emergencia económica como instrumento de política pública. Estas medidas buscan responder a situaciones fiscales, sociales y estructurales que, según el Gobierno, requieren facultades extraordinarias del Ejecutivo.
La primera declaratoria ocurrió en julio de 2023, cuando Petro decretó la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. Esta decisión se motivó por la emergencia humanitaria causada por la sequía, la escasez de agua potable y el agravamiento de la desnutrición infantil en esa región norteña.
La declaratoria en La Guajira permitió al Gobierno expedir 13 decretos con fuerza de ley orientados a mejorar el acceso al agua, la salud, la educación y la electricidad en el departamento. No obstante, en octubre de 2023, la Corte Constitucional declaró inexequible este decreto al considerar que las dificultades estructurales de la región no constituían hechos sobrevinientes que justificaran la emergencia económica.
Posteriormente, el 20 de enero de 2025, el Gobierno anunció una declaratoria conjunta de estado de conmoción interior y estado de emergencia económica en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Esta medida respondió al agravamiento de la violencia entre el ELN y disidencias de las Farc, que dejó decenas de muertos, miles de desplazados y un impacto humanitario significativo.
Aunque el enfoque principal fue el control del orden público, el decreto incluyó la emergencia económica entre los instrumentos adoptados para facilitar medidas fiscales y administrativas extraordinarias relacionadas con la crisis.
La declaración más reciente y significativa se produjo el 22 de diciembre de 2025, cuando el Gobierno nacional emitió el Decreto 1390 de 2025. Este documento declaró estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional por 30 días, en medio de un profundo déficit fiscal y tras el rechazo del Congreso de la República al proyecto de reforma tributaria que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos.
Con esta declaratoria, el Ejecutivo buscaba estar facultado para expedir decretos con fuerza de ley orientados a generar recursos mediante nuevos tributos o modificaciones de los existentes. Petro defendió la medida como necesaria para evitar recortes drásticos en gasto social, salud y seguridad, argumentando que de lo contrario la falta de recursos afectaría servicios públicos esenciales.
Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente este decreto a finales de enero de 2026, mientras evalúa si cumple o no los requisitos de constitucionalidad, especialmente el de hechos sobrevinientes que justifican la emergencia.
Gobiernos que más han declarado emergencia económica
Históricamente, la figura de emergencia económica no ha sido tan utilizada en Colombia; sin embargo, en tiempos recientes, su uso se ha vuelto más constante. Junto a las tres declaratorias de Petro están las tres realizadas por Juan Manuel Santos, quien en sus dos gobiernos recurrió a esta figura para atender:
- La temporada invernal de 2010
- La crisis energética de 2015
- El desastre natural en Mocoa, Putumayo, en 2017, que dejó más de 330 muertos y 400 heridos
Iván Duque, predecesor de Petro en la Casa de Nariño, recurrió a esta figura en una sola ocasión para afrontar la pandemia del covid-19. Esta medida habilitó a su administración a emitir decretos con fuerza de ley para gestión sanitaria, asistencia económica y protección social en un contexto de crisis global sin precedentes.
Si se buscan antecedentes previos a estos mandatos, las emergencias económicas han sido menos frecuentes. En 1997, Ernesto Samper decretó una por deterioro fiscal que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. En 1998, Andrés Pastrana utilizó la figura ante crisis financieras, aunque estos casos son menos recurrentes en la era moderna.
La emergencia económica continúa siendo un instrumento controvertido en la política colombiana, con debates constantes sobre su constitucionalidad y aplicación en diferentes contextos de crisis nacional.
