Escándalo de corrupción en Atlántico por compra de cascos para lanchas pesqueras
La Fiscalía General de la Nación ha vinculado formalmente a dos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico y a un contratista particular en una investigación por presuntas irregularidades en un contrato millonario para el suministro de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales. Este caso, que data de 2014, ha generado un escándalo de corrupción que afecta directamente a las comunidades pesqueras del departamento.
Detalles de la imputación y los cargos
Los imputados son Jorge Luis Sampayo Herrera, exasesor financiero, y Gertrudis María Peralta Vásquez, exasesora jurídica de la gobernación, quienes enfrentan cargos por:
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
- Falsedad ideológica en documento público
Además, el contratista Julio Cesar Altamar Rodríguez fue imputado por:
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
- Fraude procesal
- Peculado por apropiación
Irregularidades en el contrato de 1.000 millones de pesos
Según la investigación fiscal, el contrato 059 de julio de 2014, valorado en más de 1.000 millones de pesos, habría sido direccionado para beneficiar a una fundación privada representada por Altamar Rodríguez. La Fiscalía advierte que esta fundación no contaba con la idoneidad ni la experiencia necesaria para la construcción de embarcaciones, violando así los requisitos habilitantes del proceso contractual.
"El contratista presuntamente presentó un Registro Único de Proponentes expedido en la Cámara de Comercio de Barranquilla que contenía información falsa para acreditar la experiencia requerida", señaló el fiscal durante las audiencias preliminares.
Complicidad de exfuncionarios en el fraude
Los exasesores Sampayo Herrera y Peralta Vásquez formaban parte del comité evaluador que otorgó calificaciones altas a la fundación del contratista, afirmando que cumplía con todos los requisitos cuando en realidad no era cierto. Esta acción habría dado viabilidad a una propuesta que no merecía aprobación según los estándares legales.
La investigación revela que los recursos, destinados originalmente a cubrir necesidades de pescadores artesanales del Atlántico, fueron desviados mediante este mecanismo fraudulento que benefició indebidamente al contratista.
Impacto en las comunidades pesqueras
Este caso representa un grave perjuicio para las comunidades pesqueras artesanales del departamento, quienes vieron cómo fondos públicos asignados para mejorar sus condiciones de trabajo y seguridad marítima fueron malversados a través de un contrato irregular. La falta de cascos adecuados para sus lanchas compromete directamente su seguridad laboral y sustento económico.
La Fiscalía continúa investigando este caso que evidencia cómo mecanismos de contratación pública pueden ser manipulados para beneficiar intereses particulares en detrimento del bien común y del desarrollo regional.
