Gobierno Nacional evalúa declarar Emergencia Económica para atender inundaciones en Caribe
Durante el Consejo de Ministros realizado en Montería, el Gobierno nacional planteó la posibilidad de declarar una Emergencia Económica y Social para enfrentar las graves inundaciones que afectan amplias zonas de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. El Ministerio de Hacienda reveló que los primeros cálculos oficiales estiman en aproximadamente $8 billones de pesos el costo total de la recuperación de estas regiones.
Mecanismo excepcional para recursos adicionales
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó durante la segunda jornada del Consejo de Ministros que la situación generada por las inundaciones cumple con los criterios constitucionales para esta declaratoria. "Se trata de hechos claramente sobrevinientes e impredecibles que requieren instrumentos excepcionales para garantizar una respuesta estatal oportuna", afirmó el funcionario ante el presidente Gustavo Petro y su gabinete.
Ávila sostuvo que este mecanismo permitiría al Gobierno acceder a recursos complementarios que no están disponibles dentro del marco presupuestal ordinario. Los equipos técnicos han realizado estimaciones preliminares que incluyen:
- Reconstrucción de infraestructura dañada
- Atención social a familias afectadas
- Programas de reactivación productiva
- Medidas de prevención futura
Impacto devastador en comunidades locales
Mientras se discuten las medidas económicas a nivel nacional, en Montería la emergencia se manifiesta en la vida cotidiana de miles de familias. La crecida del río Sinú mantiene inundadas calles y viviendas desde hace más de una semana, obligando a residentes a modificar completamente sus rutinas diarias.
Yela Contreras, habitante de uno de los barrios más afectados, relata que "en ocasiones anteriores el nivel del agua ha tardado semanas en descender. Otras veces el agua ha tardado casi un mes en bajar". La persistencia del agua ha paralizado actividades básicas como cocinar dentro de las viviendas, y muchas familias deben dormir fuera de sus hogares.
Alberto Contreras, esposo de Yela y trabajador informal como arenero, explica la paradoja que enfrentan: "Vivimos del río, pero ahora el río nos dejó sin nada". La creciente eliminó su fuente de ingresos, situación que se repite en numerosas familias cuya subsistencia depende directamente del cauce del Sinú.
Respuesta humanitaria y alcance regional
La magnitud de la emergencia ha activado una respuesta coordinada entre entidades nacionales y territoriales. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó el envío de más de 10 toneladas de ayuda humanitaria al departamento de Córdoba, con Montería como centro de distribución hacia otros municipios afectados.
Según cifras oficiales, aproximadamente 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias e inundaciones solo en Córdoba. La ayuda humanitaria incluye:
- Alimentos no perecederos y agua potable
- Frazadas y colchonetas para albergues temporales
- Kits de aseo personal e higiene
- Medicamentos básicos y elementos de protección
La vicepresidenta Francia Márquez confirmó que se adelantan labores de rescate, evacuación y habilitación de alojamientos temporales en coordinación con autoridades locales, organizaciones solidarias y comunidades afectadas.
Extensión territorial del desastre
El impacto de las lluvias se extiende significativamente más allá de las zonas inicialmente reportadas. En Córdoba, 24 de sus 30 municipios (equivalente al 80% del territorio departamental) presentan algún nivel de afectación por las inundaciones.
Las autoridades atribuyen la intensidad extraordinaria de las precipitaciones a la presencia de dos frentes fríos del hemisferio norte que alcanzaron el sur del mar Caribe colombiano. Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante el mes de enero las lluvias en Colombia superaron en un 40% el promedio histórico para este período.
La situación en Sucre y Bolívar, aunque con menor cobertura mediática, presenta características similares de afectación, con comunidades rurales y urbanas enfrentando desbordamientos de ríos, pérdida de cultivos y daños estructurales en viviendas e infraestructura pública.
Mientras el Gobierno nacional avanza en la formalización de la Emergencia Económica y Social, miles de familias en el Caribe colombiano continúan esperando soluciones definitivas que les permitan recuperar sus hogares, sus medios de subsistencia y su normalidad cotidiana.
