Fiscalía vincula formalmente a exfuncionarios y contratista por presuntas irregularidades en millonario contrato
Este martes 10 de febrero, la Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a dos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico y a un particular a una investigación por presuntas irregularidades en un contrato para el suministro de 200 cascos destinados a lanchas pesqueras artesanales. Los imputados enfrentan cargos por delitos relacionados con la contratación pública y la falsedad documental.
Los investigados y los cargos formulados
Las personas vinculadas a la investigación son:
- Jorge Luis Sampayo Herrera, exasesor financiero de la Gobernación del Atlántico, imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
- Gertrudis María Peralta Vásquez, exasesora jurídica de la misma entidad, quien enfrenta los mismos cargos de contrato irregular y falsedad documental.
- Julio César Altamar Rodríguez, contratista vinculado al caso, a quien se le formularon cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación.
Detalles del contrato cuestionado
Según la Fiscalía, el contrato investigado fue suscrito en julio de 2014 y tuvo un valor que superó los COP 1.000 millones. Los elementos probatorios recopilados indican que el acuerdo habría sido direccionado con el objetivo de beneficiar a una fundación privada representada por Altamar Rodríguez, "la cual no tenía la idoneidad para la construcción de embarcaciones".
El ente investigador señaló que el contratista presuntamente presentó un Registro Único de Proponentes (RUP), expedido en la Cámara de Comercio de Barranquilla, con información falsa para acreditar la experiencia requerida. Esta acción buscaba cumplir con uno de los requisitos exigidos para la adjudicación del contrato.
Presunta complicidad de los exfuncionarios
La Fiscalía estableció que tanto Sampayo Herrera como Peralta Vásquez formaron parte del comité evaluador que avaló que la fundación cumplía "con todos los requisitos habilitantes exigidos", a pesar de que esta afirmación no correspondía con la realidad. Esta presunta complicidad habría tenido como objetivo dar viabilidad a la propuesta presentada por la fundación de Altamar Rodríguez.
Adicionalmente, la investigación reveló que el contrato fue suspendido, lo que permitió que el plazo de ejecución inicial, fijado en 30 días, se prolongara de manera indefinida. Esta extensión temporal habría tenido como propósito otorgar a la fundación el tiempo necesario para elaborar y entregar los 200 cascos solicitados, a pesar de su falta de idoneidad demostrada.
Contexto y alcance de la investigación
Este caso se enmarca en los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación por combatir la corrupción en la contratación pública a nivel regional. La investigación continúa su curso para determinar la totalidad de responsabilidades y posibles vínculos con otros actores involucrados en el proceso contractual.
Las autoridades judiciales han destacado la importancia de este tipo de procesos para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos, especialmente cuando estos están destinados a proyectos de desarrollo comunitario como el equipamiento de lanchas pesqueras artesanales.
