Fallo judicial histórico protege derechos de activistas extranjeros en Estados Unidos
El sistema judicial de Estados Unidos emitió una decisión trascendental que pone fin a uno de los casos más polémicos de los últimos meses, involucrando temas sensibles de inmigración, antisemitismo y los límites de la libertad de expresión. Un juez de inmigración determinó cancelar definitivamente el proceso de deportación contra Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado de origen turco cuya situación generó intenso debate nacional e internacional.
Falta de pruebas y violación constitucional
La resolución judicial se produjo después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no logró presentar ninguna evidencia concreta que justificara la deportabilidad de la académica. En un fallo emitido en Boston durante septiembre de 2025, el juez William Young afirmó categóricamente que la ofensiva gubernamental equivalía a una "represión verdaderamente escandalosa y a una supresión inconstitucional de la libertad de expresión".
El magistrado agregó que la administración Trump había dirigido sus esfuerzos específicamente contra estudiantes extranjeros que expresaban apoyo a la causa palestina, con el "objetivo claro de sofocar las protestas estudiantiles propalestinas y aterrorizar a la comunidad académica". Esta declaración judicial establece un precedente significativo sobre los derechos de los no ciudadanos dentro del territorio estadounidense.
Detalles del controvertido caso
El caso de Ozturk, estudiante de la Universidad de Tufts, alcanzó notoriedad pública tras la difusión de un video que mostraba su dramática captura en marzo de 2025. Las imágenes revelaban a agentes federales, algunos de ellos vestidos de civil, rodeando a la joven cerca de su residencia en Somerville, Massachusetts, mientras ella emitía gritos de auxilio.
Durante ese período, las autoridades migratorias estadounidenses iniciaron una serie de arrestos dirigidos contra estudiantes extranjeros que habían participado activamente en manifestaciones criticando los ataques israelíes en Gaza. Los detenidos enfrentaron situaciones particularmente difíciles:
- Ninguno fue formalmente acusado de delitos específicos
- Pasaron varias semanas en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
- Muchos fueron trasladados a centros de detención muy distantes de sus lugares de residencia habitual
El gobierno estadounidense justificó estas acciones como parte de una lucha contra el antisemitismo, argumentando -sin presentar pruebas- que los estudiantes arrestados fomentaban la violencia o respaldaban al grupo Hamas. Incluso llegó a afirmar que los estudiantes extranjeros no poseían los mismos derechos de libertad de expresión que los ciudadanos estadounidenses.
Fundamentos constitucionales del fallo
El juez Young respondió contundentemente a esta postura gubernamental: "Sí, los tienen. La Primera Enmienda no hace la distinción ingrata del presidente Trump y no se encuentra en nuestra historia o jurisprudencia". Esta afirmación judicial reafirma que las protecciones constitucionales sobre libertad de expresión aplican por igual a todas las personas dentro del territorio estadounidense, independientemente de su estatus migratorio.
El magistrado citó específicamente el caso de Ozturk, quien fue arrestada por agentes enmascarados fuera de su domicilio debido a un artículo de opinión que coescribió criticando la respuesta institucional de su universidad ante el conflicto en Gaza. La estudiante permaneció más de seis semanas en una instalación del ICE en Luisiana antes de que un juez ordenara su liberación.
El fallo también mencionó a Mahmoud Khalil, exestudiante de la Universidad de Columbia y residente legal permanente, quien fue arrestado en marzo y detenido hasta junio por su liderazgo visible en las protestas propalestinas. Durante el juicio, se reveló que funcionarios del DHS habían utilizado listas elaboradas por organizaciones pro-israelíes para determinar a quiénes arrestar.
Reacciones divergentes y consecuencias
La decisión judicial ha generado respuestas diametralmente opuestas entre las partes involucradas:
- Defensa y activistas: La abogada de inmigración Mahsa Khanbabai calificó el fallo como "una poderosa afirmación de la justicia" y celebró que se haya respetado el estado de derecho.
- Gobierno federal: Voceros del Departamento de Seguridad Nacional calificaron la decisión como "activismo judicial" y reiteraron su posición sobre la facultad ejecutiva para decidir quiénes permanecen en el territorio nacional.
Por su parte, Rumeysa Ozturk expresó su alivio mediante un comunicado oficial: "Hoy respiro aliviada al saber que, a pesar de las fallas del sistema judicial, mi caso puede dar esperanza a quienes también han sido perjudicados por el Gobierno estadounidense". Actualmente, la estudiante ha podido retomar sus labores académicas de investigación y docencia mientras completa los trámites administrativos derivados de la cancelación inicial de su permiso de estancia.
Este fallo establece un precedente crucial sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria y reafirma la protección constitucional de la libertad de expresión para todos los individuos dentro de Estados Unidos, marcando un hito en la defensa de derechos fundamentales en contextos de conflicto internacional y debate político.
