Corte Constitucional inicia revisión del nuevo decreto de emergencia económica de Petro
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado ante la Corte Constitucional un nuevo decreto de emergencia económica, el cual será estudiado por el despacho del magistrado Migro Polo Rosero. Esta acción se produce después de que, el pasado 29 de enero, el alto tribunal suspendiera provisionalmente el estado de emergencia económica de diciembre de 2025.
Objetivo: enfrentar la crisis por lluvias en la Costa Caribe
Según ha indicado el gobierno nacional, esta nueva orden ejecutiva tiene como propósito principal enfrentar la crisis generada por las intensas lluvias que han afectado a varios departamentos de la región Caribe, con especial impacto en Córdoba. Las autoridades han señalado que las inundaciones han creado una situación extraordinaria que requiere medidas urgentes y la asignación de recursos adicionales.
El Ejecutivo ha sido enfático al señalar que los recursos recaudados mediante esta emergencia económica serían utilizados de forma exclusiva para atender la situación en ocho departamentos específicamente afectados:
- Córdoba
- Antioquia
- La Guajira
- Sucre
- Bolívar
- Cesar
- Magdalena
- Chocó
Contexto constitucional y desarrollo de la situación
Esta medida se enmarca dentro de las facultades extraordinarias que tiene el presidente para declarar estados de emergencia económica cuando se presentan circunstancias excepcionales que amenazan el orden económico y social del país. La Corte Constitucional, como garante de la supremacía de la Carta Magna, deberá evaluar si este nuevo decreto cumple con los requisitos constitucionales establecidos para este tipo de medidas.
La situación en la Costa Caribe ha sido calificada como crítica por las autoridades locales, quienes reportan daños significativos en infraestructura, viviendas y cultivos debido a las persistentes lluvias e inundaciones. El gobierno nacional busca mediante este mecanismo agilizar la asignación de recursos y la implementación de medidas de atención a las comunidades afectadas.
Este proceso de revisión constitucional se desarrolla en un contexto donde la Corte ya había mostrado cautela frente a medidas similares, como lo demostró con la suspensión provisional del decreto de emergencia económica de diciembre del año pasado. Los magistrados deberán determinar si las circunstancias actuales justifican la declaratoria de emergencia y si los mecanismos propuestos respetan el equilibrio de poderes y los derechos fundamentales.
