Nuevo pulso institucional: Corte Constitucional revisará emergencia declarada por Petro
En medio de un renovado enfrentamiento jurídico entre el Gobierno Nacional y la Rama Judicial, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha tomado una decisión crucial: asignar al magistrado Miguel Efraín Polo Rosero el estudio de constitucionalidad del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026. Mediante esta norma, el presidente Gustavo Petro declaró nuevamente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional.
El expediente que llegó en tiempo récord
El expediente, radicado bajo el número RE-390, llegó al despacho del magistrado Polo Rosero apenas 24 horas después de la expedición de la norma. El alto tribunal deberá determinar si esta medida excepcional se ajusta a la Carta Política o si, como ha ocurrido en precedentes recientes, resulta contraria a los requisitos constitucionales establecidos para este tipo de declaratorias.
El Decreto 0150 delimitó específicamente la emergencia a ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Según la justificación presentada por el Gobierno Nacional, la declaratoria se fundamenta en un "evento hidrometeorológico atípico" ocurrido entre el 1 y el 6 de febrero de 2026.
La crisis que justifica la emergencia
Este fenómeno climático se caracterizó por el choque de un frente frío con masas de aire tropical, lo que generó lluvias superiores al 180% de los promedios históricos del mes, según certificación oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Las consecuencias han sido devastadoras para las regiones afectadas.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó un saldo preliminar de 252.233 personas afectadas y 69.235 familias damnificadas. El mayor impacto se concentró en el departamento de Córdoba, donde más de 160.000 ciudadanos enfrentan situación de desastre con pérdidas significativas en cultivos y zonas de pastoreo, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria regional.
La respuesta institucional y los recursos
El Ministerio de Hacienda sostuvo que los mecanismos ordinarios resultaron completamente insuficientes para atender los daños en infraestructura vial, educativa y de servicios públicos. La declaratoria de emergencia busca habilitar operaciones presupuestales extraordinarias para movilizar cerca de 8 billones de pesos destinados específicamente a atención humanitaria inmediata y reconstrucción productiva a mediano plazo.
El papel crucial del magistrado Polo Rosero
Miguel Efraín Polo Rosero, jurista nariñense que asumió su cargo en febrero de 2025 tras reemplazar a Antonio José Lizarazo, será el encargado de elaborar la ponencia que presentará a la Sala Plena de la Corte Constitucional. Su elección como magistrado, concretada el 19 de noviembre de 2024 en el Senado de la República, contó con 57 votos frente a los 47 obtenidos por Claudia Dangond.
En ese momento, el presidente Gustavo Petro celebró públicamente su designación, lo que generó cuestionamientos desde sectores de oposición sobre su independencia frente al Ejecutivo. Ahora, como ponente del caso, deberá sustanciar minuciosamente si el decreto cumple los requisitos fácticos y valorativos exigidos por la Constitución Política para declarar un Estado de Emergencia.
Precedentes adversos para el Gobierno Nacional
El análisis constitucional se produce en un contexto de decisiones recientes desfavorables para el Ejecutivo. En 2023, la Corte Constitucional declaró inexequible la Emergencia Económica en La Guajira mediante la Sentencia C-383. Además, a finales de enero de 2026, el alto tribunal suspendió provisionalmente otro paquete de decretos legislativos relacionados con impuestos al sector eléctrico y medidas en materia de seguridad ciudadana.
En esos fallos anteriores, la Sala Plena argumentó consistentemente que el Gobierno no logró demostrar la existencia de hechos sobrevinientes que impidieran tramitar las reformas por la vía ordinaria ante el Congreso de la República. Polo Rosero, quien ya integraba la Sala en esas decisiones, deberá ahora:
- Decretar pruebas pertinentes
- Escuchar a todos los intervinientes en el proceso
- Presentar un proyecto de fallo que podría avalar o tumbar la nueva estrategia de emergencia del Gobierno
Un capítulo crucial en las relaciones institucionales
La decisión final marcará un nuevo capítulo en la compleja relación entre la Casa de Nariño y el alto tribunal constitucional, en un momento de alta tensión institucional. El magistrado Polo Rosero enfrenta el desafío de balancear la necesidad de atención urgente a una crisis humanitaria con el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales para la declaratoria de estados de excepción.
El fallo que emita la Corte Constitucional no solo determinará el destino de los 8 billones de pesos destinados a la emergencia, sino que establecerá precedentes importantes sobre los límites del poder presidencial en situaciones de crisis y el rol de control constitucional que ejerce la justicia en el sistema democrático colombiano.
