Congresistas estadounidenses amenazan con revelar nombres ocultos en archivos de Jeffrey Epstein
Una nueva controversia política sacude a Estados Unidos mientras legisladores de ambos partidos denuncian omisiones y censuras en los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el depredador sexual fallecido en 2019, cuyos documentos se han convertido en un foco de investigación y debate nacional de gran intensidad.
Presión sobre el Departamento de Justicia
La polémica se intensifica cuando congresistas advirtieron que podrían hacer públicos hasta seis nombres que han sido ocultados en los documentos, si el Departamento de Justicia (DOJ) no corrige lo que consideran errores potenciales en la publicación de la información. El núcleo del conflicto gira en torno a la implementación de la Epstein Files Transparency Act, una ley aprobada por el Congreso en noviembre de 2025 que obliga al DOJ a liberar "todos" los documentos no clasificados vinculados a la investigación y procesos judiciales sobre Epstein, sin censuras arbitrarias ni manipulaciones.
Revisión de archivos sin censura
Este lunes, los representantes Thomas Massie, republicano de Kentucky, y Ro Khanna, demócrata de California, quienes han sido figuras clave en la adopción de la ley de transparencia, revisaron parte de los archivos sin censura en instalaciones controladas por el DOJ en Washington. Tras varias horas de lectura exhaustiva, ambos legisladores aseguraron haber identificado que al menos seis nombres de hombres que "probablemente están implicados" estaban ocultos tras redacciones y omisiones deliberadas.
"Entramos allí por un par de horas entre millones de archivos y encontramos al menos seis hombres cuyos nombres han sido tachados, que están implicados por cómo se presentan los documentos... tocó excavar para encontrarlos", declaró Massie al salir de la revisión, mostrando evidente frustración con el proceso.
Figuras prominentes involucradas
El republicano destacó que uno de los nombres ocultos parecía corresponder a un alto funcionario extranjero y otros eran figuras prominentes, aunque por ahora sin cargos formales asociados. Por su parte, Khanna subrayó que "no se trata de una caza de brujas", pero que existen registros documentales que sugieren la presencia de personas que podrían haber tenido vínculos relevantes con Epstein y sus actividades ilícitas.
Defensa del Departamento de Justicia
Un portavoz del Departamento de Justicia ha defendido la divulgación parcial realizada, señalando que las omisiones fueron diseñadas para proteger tanto a las víctimas como a la privacidad de terceros que no tienen relevancia directa en investigaciones criminales concluyentes. Sin embargo, críticos de la gestión han señalado que muchas redacciones son inexplicables y podrían tener más que ver con razones políticas o de sensaciones públicas que con requisitos legales estrictos y justificados.
Protección constitucional para los legisladores
La posible exposición de estos nombres está arropada por la cláusula de "Discurso y Debate" de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los legisladores de responsabilidad legal por declaraciones hechas durante los procedimientos oficiales del Congreso, como en audiencias o sesiones del pleno. Esta protección constitucional podría permitir a los congresistas revelar información sensible sin enfrentar consecuencias legales inmediatas.
Tensiones adicionales en el caso
La controversia no se limita al tema de las redacciones. Existen tensiones adicionales relacionadas con Ghislaine Maxwell, quien invocó la Quinta Enmienda para negarse a responder preguntas de los legisladores durante las investigaciones. Mientras el Congreso sigue revisando los documentos minuciosamente, también han circulado lotes de fotografías inéditas provenientes del archivo de Epstein con escenas de su entorno social y vínculos con figuras poderosas e influyentes.
Estos materiales visuales han sido publicados en parte por comités demócratas, aunque muchas imágenes y documentos permanecen bajo revisión exhaustiva y análisis detallado por parte de las autoridades competentes. La publicación de más de tres millones de páginas de archivos a fines de enero de 2026, aunque fuera del plazo previsto, ha generado fuertes cuestionamientos por parte de sobrevivientes, legisladores y defensores de la transparencia gubernamental.
