Gobierno Nacional establece recompensas millonarias para combatir delitos electorales
En el marco de las próximas elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 8 de marzo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, ha implementado una medida contundente para proteger la transparencia del proceso democrático. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció oficialmente que se ofrecerán recompensas de hasta 50 millones de pesos colombianos a aquellos ciudadanos que proporcionen información crucial para identificar y capturar a individuos que cometan delitos electorales.
Decisión tomada en Consejo de Seguridad y Paz
Esta importante determinación fue adoptada durante un Consejo de Seguridad y Paz celebrado en la tarde del miércoles 18 de febrero. Durante esta reunión, las autoridades abordaron como objetivo prioritario "combatir la compra de votos y demás delitos electorales", según explicó el propio ministro Sánchez. La iniciativa busca fortalecer la integridad de las elecciones mediante la participación ciudadana activa.
Tipos de delitos que serán recompensados
El Ministerio de Defensa especificó que las recompensas serán entregadas a quienes suministren información oportuna y precisa que permita la captura y judicialización de autores de diversos delitos electorales, incluyendo:
- Violencia, amenazas y constreñimiento al votante
- Compra de votos y corrupción electoral
- Fraude, suplantación y voto ilegal
Esta medida representa un esfuerzo sin precedentes para desincentivar prácticas que vulneran la libertad y pureza del sufragio.
Alertas de la Defensoría del Pueblo sobre riesgos en Norte de Santander
Durante el mismo consejo, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó un detallado análisis sobre el contexto electoral en el departamento de Norte de Santander, identificando cuatro riesgos específicos que amenazan el normal desarrollo de los comicios:
- Proselitismo político condicionado: Propaganda electoral afectada por seguimientos, intimidaciones e interrupciones de actividades de campaña por parte de grupos armados como el ELN, el frente 33 de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y Los Pachenca.
- Barreras para el ejercicio del voto: Riesgos derivados de minas antipersona, uso de drones, retenes ilegales, secuestro y falta de transporte público que podrían impedir el acceso de población rural a los puestos de votación.
- Afectación del censo electoral: Consecuencia del desplazamiento forzado ocurrido desde enero de 2025, donde personas inscritas en municipios de origen no tendrían garantizado su derecho al voto en lugares de recepción.
- Violencia digital: Señalamientos contra candidaturas a las que se les atribuye afinidad con grupos armados determinados.
Preocupaciones adicionales y llamados de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo también alertó sobre ataques contra la población y autoridades del Pueblo Barí, así como sobre la situación de líderes de juntas de acción comunal en los municipios de El Tarra y Tibú, quienes estarían siendo víctimas de constreñimiento por parte de grupos ilegales con el fin de influir en los resultados electorales.
Finalmente, la defensora Iris Marín Ortiz instó a adoptar medidas específicas para garantizar:
- El derecho al voto de personas en centros de detención transitoria
- El restablecimiento del funcionamiento de puestos de votación en zonas afectadas por la ola invernal, particularmente en el departamento de Córdoba
- La garantía del derecho a la protesta y manifestación pacífica, considerando que el Día Internacional de la Mujer coincide con la jornada electoral del 8 de marzo
Esta combinación de recompensas por denuncias y alertas tempranas sobre riesgos regionales configura un escenario electoral donde la transparencia y la seguridad se posicionan como prioridades absolutas del Estado colombiano.
