Polémica presidencial en Perú por antecedente en defensa del matrimonio infantil
Un congresista peruano que generó controversia por su postura a favor del matrimonio infantil ha asumido formalmente la presidencia del país, un hecho que ha desatado un intenso debate sobre derechos humanos y protección de menores en la región latinoamericana.
Antecedentes controvertidos del nuevo mandatario
El ahora presidente peruano, durante su etapa como legislador, defendió públicamente la legalización del matrimonio infantil en diversas intervenciones parlamentarias y medios de comunicación. Sus declaraciones, que datan de varios años atrás, argumentaban que esta práctica formaba parte de tradiciones culturales en ciertas comunidades rurales del país.
Organizaciones internacionales de derechos humanos documentaron en su momento estas posiciones, calificándolas como "retrocesos graves en la protección de la infancia". La defensa del matrimonio infantil por parte del entonces congresista incluía propuestas para modificar la edad mínima legal para contraer matrimonio, actualmente establecida en 18 años con excepciones judiciales.
Reacciones nacionales e internacionales
La asunción presidencial ha generado reacciones encontradas:
- Grupos conservadores y algunas comunidades rurales han expresado apoyo al nuevo mandatario
- Organizaciones feministas y de protección infantil han convocado protestas en Lima y otras ciudades principales
- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado expresando "preocupación profunda"
- Varios países vecinos han solicitado explicaciones formales a través de canales diplomáticos
Analistas políticos destacan que este caso revive debates sobre el equilibrio entre tradiciones culturales y derechos humanos universales, particularmente en contextos donde prácticas ancestrales chocan con estándares internacionales de protección infantil.
Contexto legal peruano y compromisos internacionales
Perú es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que establece la protección especial de menores contra cualquier forma de explotación. La legislación nacional actual permite excepciones al límite de edad para matrimonio solo mediante autorización judicial expresa, aunque organizaciones sociales documentan que en la práctica estas restricciones frecuentemente se eluden en zonas rurales.
El nuevo presidente enfrenta ahora el desafío de conciliar sus posturas anteriores con los compromisos internacionales del país y las crecientes demandas sociales por mayor protección a la infancia. Expertos en derecho constitucional peruano señalan que cualquier intento de modificar la legislación sobre edad mínima para matrimonio probablemente enfrentaría fuertes resistencias tanto en el Congreso como en la sociedad civil organizada.
La situación ha puesto a Perú en el centro de atención regional sobre políticas de protección infantil, con observadores internacionales monitoreando de cerca las primeras decisiones del nuevo gobierno en esta materia sensible.
