La seguridad jurídica en Colombia: ¿Garantía real o equilibrio político variable?
La seguridad jurídica no es un concepto exclusivo para abogados o expertos en derecho. Se trata de una realidad cotidiana que afecta a todos los ciudadanos: la posibilidad de prever qué ocurre cuando se cumple la ley. Representa la tranquilidad de conocer que las reglas son claras, que no cambian de manera inesperada y que las autoridades las aplican de forma coherente y consistente.
En términos prácticos, significa poder tomar decisiones fundamentales —como invertir, trabajar, emprender o planear la vida personal— con la certeza de que el marco legal no se moverá de forma sorpresiva. Cuando una persona actúa conforme a la ley, debería poder anticipar las consecuencias sin temor a decisiones repentinas que alteren sus expectativas.
La realidad colombiana: entre la teoría y la práctica
Colombia cuenta formalmente con una Constitución robusta, jueces independientes y múltiples mecanismos de control institucional. En teoría, la seguridad jurídica existe y está garantizada por nuestro sistema legal. Sin embargo, esta garantía no es automática ni absoluta. Depende, en buena medida, del clima político que marca las prioridades del estado en cada momento histórico.
Existen períodos en que el discurso público privilegia las garantías ciudadanas y la flexibilidad normativa; otros momentos en los que el énfasis se desplaza hacia el control estricto, la seguridad nacional o el rigor fiscal. Este cambio constante de enfoque influye directamente en cómo se interpretan y aplican las normas jurídicas.
La ley puede permanecer idéntica en su texto, pero su interpretación se endurece cuando el contexto político exige firmeza. Esta variación no constituye necesariamente ilegalidad, sino el ejercicio del poder dentro de sus límites más estrictos permitidos por el ordenamiento jurídico.
Ejemplos concretos de inestabilidad jurídica
Pensemos en situaciones cercanas que ilustran esta problemática:
- Las reformas tributarias o laborales frecuentes alteran reglas bajo las cuales ciudadanos y empresas tomaron decisiones importantes, afectando planes a largo plazo.
- Las autoridades administrativas pueden modificar criterios interpretativos que durante años parecían consolidados, generando incertidumbre sobre cómo aplicar determinadas normas.
- Las medidas cautelares que afectan derechos individuales, pensadas originalmente como excepcionales, a veces se vuelven habituales mientras se resuelve de fondo un proceso judicial.
Estos fenómenos no significan que no existan garantías institucionales en Colombia. Más bien evidencian que la seguridad jurídica no es estática, sino un equilibrio dinámico que depende directamente del clima político predominante.
La percepción ciudadana y la realidad del poder
El ciudadano común suele creer que cumplir la ley es suficiente para estar protegido jurídicamente. Sin embargo, el derecho no elimina el ejercicio del poder, solo lo delimita y regula. Dentro de esa regulación siempre existen espacios de decisión discrecional que pueden cambiar según las prioridades políticas del momento.
La pregunta fundamental es: ¿podemos planear nuestra vida —inversiones, proyectos profesionales, decisiones personales— con la certeza razonable de que las reglas no cambiarán de manera abrupta o que su aplicación no dependerá del pulso político del momento?
La transformación gradual y la conciencia de riesgo
La respuesta es compleja. La seguridad jurídica en Colombia se transforma gradualmente, adaptándose a los cambios políticos y sociales. Cuando esa transformación es constante y predecible, la sensación de estabilidad se mantiene; cuando es errática o responde principalmente a coyunturas políticas, la confianza en el sistema se debilita.
Por eso la problemática no se limita a fortalecer la coherencia institucional y la previsibilidad en las decisiones públicas. También implica que, como ciudadanos, mantengamos conciencia del riesgo jurídico. Confiar en la estabilidad de las reglas no excluye planear con prudencia frente a eventuales ajustes normativos.
Prepararnos para escenarios variables es sensato y necesario. De este modo, la ley seguirá siendo un punto de apoyo fundamental para nuestras decisiones, y no un terreno movedizo que genere incertidumbre permanente en nuestra vida cotidiana y proyectos futuros.
