Venezuela implementa protocolo para acelerar aplicación de ley de amnistía
El Gobierno de Venezuela ha dado un paso significativo en la implementación de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, al establecer un protocolo específico diseñado para agilizar la concesión de los beneficios contemplados en esta normativa. Esta medida se produce en un contexto donde numerosos familiares de personas consideradas presos políticos permanecen concentrados en las inmediaciones de diversos centros penitenciarios, esperando ansiosamente nuevas liberaciones.
Reunión de alto nivel para definir el procedimiento
El documento fue elaborado durante una reunión de alto nivel que contó con la participación de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, liderada por el diputado Jorge Arreaza. Aunque los detalles exactos del contenido no han sido revelados públicamente, las autoridades venezolanas aseguran que este protocolo permitirá ejecutar con mayor rapidez y eficiencia las disposiciones aprobadas por el Parlamento.
A través de la red social X, el fiscal general Tarek William Saab afirmó que el nuevo protocolo "garantizará que todos los órganos de administración de justicia ejecuten de forma rápida y efectiva la aplicación de los beneficios para las personas relacionadas con los hechos establecidos" en la ley. La normativa, que fue promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras su aprobación legislativa, abarca teóricamente el período comprendido entre 1999 y 2026.
Limitaciones y exclusiones en la aplicación
Sin embargo, la ley presenta importantes limitaciones al delimitar específicamente 13 hechos ocurridos en años concretos, lo que excluye automáticamente otros casos registrados dentro de ese mismo lapso temporal, así como numerosas situaciones vinculadas con operaciones militares. Esta restricción ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos.
Mientras se define el alcance real de este instrumento jurídico, decenas de familiares se han concentrado frente a centros de detención emblemáticos como El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), y la cárcel de Rodeo I, ubicada en el estado Miranda. También se han registrado manifestaciones pacíficas en instalaciones conocidas como Zona 7, en el este de Caracas.
Vigilias y acompañamiento de organizaciones civiles
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha difundido imágenes de estas vigilias y ha asegurado que continuará acompañando a quienes reclaman la excarcelación de sus seres queridos. En uno de sus mensajes públicos, la organización señaló: "A pesar de las dificultades y el desgaste de pernoctar a la intemperie, la fe es la principal bandera de quienes esperan ver pronto a sus seres queridos en libertad".
Cifras preocupantes y casos excluidos
La organización Foro Penal reportó que actualmente existen 644 personas catalogadas como presos políticos en Venezuela, luego de más de 400 excarcelaciones iniciadas el pasado 8 de enero. No obstante, la misma organización advirtió que aproximadamente 400 detenidos quedarían excluidos de los beneficios de la amnistía debido a que sus procesos judiciales no corresponden a los 13 momentos específicos definidos por la ley.
En rueda de prensa, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, explicó que muchos de estos casos excluidos están asociados a operaciones militares, aunque también incluyen a civiles. Romero señaló que existen personas que fueron "acusadas de delitos que no cometieron" y que no podrán recibir el beneficio por no encajar en los supuestos contemplados por la legislación.
Listado de casos con violaciones graves a derechos humanos
Por su parte, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, informó que presentarán ante la comisión especial un listado de 232 presos políticos con "violaciones graves a los derechos humanos", con el propósito de que sean incorporados a los beneficios de la amnistía. Entre estos casos, detalló Himiob, se encuentran:
- Tres personas con discapacidad
- Veintiún mayores de 70 años
- 127 detenidos desde hace dos años sin comparecer ante tribunales
- 81 personas con más de tres años sin presentación judicial
Expectativas desde la oposición parlamentaria
Desde la fracción opositora Libertad en la Asamblea Nacional, la diputada Nora Bracho expresó su confianza en que "se resolverán muchos casos" no incluidos inicialmente en los beneficios de la amnistía. Según indicó la legisladora, la comisión especial trabajará por "áreas específicas" y revisará "caso por caso" los expedientes recogidos durante el proceso de consulta pública, en el que, afirmó, se consolidó una "buena data" sobre la situación de los detenidos.
El establecimiento de este protocolo representa un avance significativo en la implementación de la Ley de Amnistía, pero también evidencia las limitaciones y exclusiones que podrían dejar fuera a cientos de personas detenidas. Mientras las autoridades trabajan en la aplicación de los beneficios, las familias mantienen su esperanza y su presencia en las afueras de los centros de reclusión, exigiendo justicia y libertad para sus seres queridos.
