El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento impuesta contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión confirma que ambos deberán permanecer privados de la libertad en un centro carcelario, sin posibilidad de acceder al beneficio de detención domiciliaria.
Una decisión judicial poco común
La determinación del tribunal resolvió el debate surgido luego de que la magistrada Aura Rosero Vaquero no acogiera la solicitud conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República, que habían pedido que los exfuncionarios fueran enviados a prisión domiciliaria. En su lugar, la jueza impuso una medida más estricta, algo inusual en este tipo de procesos judiciales.
Detalles del caso
Bonilla y Velasco son investigados por su presunta participación en irregularidades contractuales y desvío de recursos dentro de la UNGRD, entidad encargada de la gestión de emergencias y desastres naturales. Las pesquisas apuntan a que, durante sus gestiones ministeriales, habrían favorecido a contratistas específicos a cambio de beneficios económicos o políticos.
La medida de aseguramiento fue ratificada tras evaluar los riesgos procesales, como la posible obstrucción a la justicia o la falta de comparecencia. El tribunal consideró que la gravedad de los hechos y la condición de los investigados justificaban mantener la detención preventiva en establecimiento carcelario.
Reacciones y próximos pasos
La defensa de los exministros ha anunciado que presentará recursos de apelación ante instancias superiores, argumentando que no existen elementos suficientes para privarlos de la libertad. Por su parte, la Fiscalía ha señalado que continuará recopilando pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Este caso ha generado gran expectativa en la opinión pública, dado que involucra a altos exfuncionarios del Gobierno Nacional y pone en evidencia presuntos actos de corrupción en una entidad clave para la atención de emergencias en Colombia.
