El presidente Gustavo Petro llegó al poder con una promesa clara: democratizar la tierra bajo el principio de la función social de la propiedad. Su bandera fue activar la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz con las FARC, comprometiéndose a comprar y redistribuir tres millones de hectáreas a campesinos, comunidades étnicas y víctimas, priorizando a las mujeres y a las víctimas del conflicto. Una ambición plausible para saldar la deuda histórica en un país donde prima la desigualdad, la pobreza rural, la concentración de tierras y la ineficiencia en el uso del suelo. El objetivo era noble: desactivar el conflicto, frenar la expansión de la frontera agrícola y convertir a Colombia en despensa alimentaria.
Sin embargo, entre el discurso y la realidad se interpuso la ineficacia. La ilusión se estrelló contra la mala planeación y la pésima ejecución de la Agencia Nacional de Tierras. De las hectáreas acumuladas en el Fondo de Tierras, la redistribución efectiva es mínima frente a la expectativa creada, lo que obligó al Gobierno a reducir su meta a la mitad. La situación se agrava con los hallazgos de la Contraloría, que revelan compras de predios inútiles para la producción agrícola, invadidos y retrasos sistemáticos en la entrega de los adquiridos, lo que generará sanciones disciplinarias y daños fiscales por más de 110 mil millones de pesos.
La titulación de baldíos no es reforma agraria
Además, es una artimaña discursiva presentar la titulación de baldíos —que es el trámite que formaliza la tenencia, convirtiendo al ocupante en dueño legítimo— como si fuera una redistribución de la riqueza agraria. Entregar un papel sobre lo que el campesino ya posee no es reforma agraria ni mucho menos integral, como se prometió.
Si bien la creación de la Jurisdicción Agraria es un hito institucional para judicializar el conflicto rural, ese avance no se puede opacar sustentando una reforma agraria con el expediente de la expropiación que sugiere el Decreto Legislativo 174/2026, emitido bajo una emergencia económica cuestionable, por el mensaje de inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión y polariza el campo.
La integralidad de la reforma rural
Una reforma rural es integral solo si la tierra viene acompañada de asistencia técnica, crédito blando, infraestructura y mercados. Sin este paquete tecnológico, entregar tierra es entregar pobreza. La compra masiva de predios a precios de mercado es fiscalmente insostenible y socialmente insuficiente si el campesino queda abandonado a su suerte con un título en la mano, pero sin herramientas en el surco.
Ese panorama sugiere que la gran promesa agraria corre el riesgo de convertirse en la enésima frustración para el campo colombiano. Ante este escenario de ejecuciones precarias y soluciones de fuerza, el ciudadano debe reflexionar: ¿Es razonable premiar con el voto la continuidad de una política que confunde la agitación de expectativas con la transformación productiva?
